Pago de parqueadero de vehículo inmovilizado por orden de la Fiscalía – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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No se puede exigir al propietario de un vehículo inmovilizado por orden de la Fiscalía cancelar el cobro del parqueadero para su devolución. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

No se puede exigir al propietario de un vehículo inmovilizado por orden de la Fiscalía cancelar el cobro del parqueadero para su devolución.

No se puede exigir al propietario de un vehículo inmovilizado por orden de la Fiscalía cancelar el cobro del parqueadero para su devolución.

El representante legal del parqueadero se rehusó a realizar la entrega del automotor inmovilizado, desconociendo que ésta fue ordenada por la Fiscalía Novena Seccional de Ibagué. En la demanda de tutela, el accionante solicitó conceder el amparo al debido proceso y a la administración de justicia, como consecuencia, exigió ordenar la entrega inmediata y sin condicionamiento y/o cobro alguno del vehículo.

En primera instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué advirtió que, en virtud de la sentencia CSJ STP11138, 20 ago. 2015, Rad. 81215, resulta improcedente exigirle al accionante el pago del servicio de parqueadero para proceder a la entrega del automotor.

Ante la inconformidad con dicho pronunciamiento, el representante legal del establecimiento de comercio presentó la impugnación, pretendiendo se revoque el amparo concedido.

La Sala de Decisión de Tutelas N° 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, recordó a quién corresponde el pago de parqueadero cuando un vehículo es inmovilizado por orden de la Fiscalía.

De acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia constitucional (CC T-1000 de 2001 y T-748 de 2003), cuando al interior de un proceso penal son retenidos automotores, la autoridad judicial que los tiene a su disposición debe sufragar los gastos de parqueadero de los mismos.

Esto, por cuanto en las causas penales los vehículos son depositados en patios sin mediar la voluntad de su dueño, asumiendo la autoridad competente todas las obligaciones y responsabilidades por su vigilancia y cuidado y requiriendo, para su entrega, la orden de autoridad mediante la cual se subsane la causa que dio origen a su inmovilización (T-1000 de 2001).

Se ha precisado, sin embargo, que esta carga la asume la autoridad sólo hasta cuando permanezca bajo su disposición el bien aprehendido, pues, luego de levantada la medida y autorizada la entrega a su propietario, cesa la obligación de la Fiscalía o de los jueces de cubrir esos gastos, debido a que de allí en adelante es responsabilidad del propietario el retiro de los patios (T-748 de 2003).

Corte Suprema de Justicia. STP3778-2023(129975). M. P. José Francisco Acuña Vizcaya.

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