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PREACUERDOS (PRESUPUESTOS; LIMITACIONES).

SP379–2022

Radicación 58186

Magistrado Ponente: LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

 

La aceptación del allanamiento y del preacuerdo limita la facultad decisoria del juez de conocimiento en dos aspectos:

  • En cuanto al momento en que debe dictar sentencia, porque ya no será el ordinario legal, es decir, al finalizar el juicio oral,

y

  • En cuanto al sentido de la decisión, pues esta sólo podrá ser condenatoria (CSJ SP5400 de 2019).

Lo anterior porque el artículo 293 señala que:

«Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo… y convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia».

Pero si hay vicios en el consentimiento del imputado o acusado o infracción de garantías fundamentales, deberá declarar la invalidez.

Por su parte, el artículo 351 señala que «los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que desconozcan o quebranten las garantías fundamentales», regla que también consagra dos alternativas: o se dicta sentencia en los términos pactados o admitidos o se corrige la violación de las garantías propias del debido proceso.

El artículo 369-2 precisa que frente a la alegación de responsabilidad el juez puede:

  1. Aceptarla y, en consecuencia, dicta la respectiva sentencia condenatoria o
  2. La rechaza y adelanta el juicio «como si hubiese habido una manifestación de inocencia».

De esta manera, la única consecuencia jurídica posible de la improbación de aquélla será la continuación del trámite procesal ordinario y, en caso de haberse avalado un allanamiento irregular, esta decisión tendrá que ser removida para que recobre vigencia la presunción de inocencia y el principio de jurisdiccionalidad a plenitud.

Lo anterior porque los allanamientos y preacuerdos son formas de terminación anticipada del proceso que  implican renuncias mutuas de ambas partes: el procesado se abstiene de ejercer los derechos a no auto incriminarse y a tener un juicio con todas las garantías descritas en el literal k del artículo 8, mientras que el ente acusador pierde la oportunidad de realizar ajustes fácticos y/o jurídicos a la imputación y a la acusación, así como de continuar la investigación con la posibilidad de hallar más evidencias del delito – CSJ SP2042-2019-.

De esta manera, siguiendo los planteamientos consignados en decisión de la Sala SP5400 de 2019, ante la manifestación de culpabilidad del procesado, el juez de conocimiento sólo puede:

  • Aprobarla y dictar la sentencia condenatoria consecuente o
  • Rechazarla si quebranta garantías fundamentales y continuar el trámite procesal ordinario.

Pero si adoptó la primera determinación frente a un allanamiento irregular, situación reflejada en este caso, en el que se otorgó un doble beneficio prohibido en la ley, lo procedente será decretar la nulidad de la decisión aprobatoria del preacuerdo para que, en su lugar, se profiera el correspondiente rechazo y se continúe el proceso.  

Ello, además, porque acorde con lo establecido por la Sala en los precedentes SP2073 de 2020 y 52311 del 11/12/18, cuando las partes acuden a la terminación anticipada de la actuación penal, por allanamiento a cargos o por celebración de preacuerdos, le corresponde al juez verificar si están dados todos los presupuestos para emitir una sentencia condenatoria, esto es,

  • La existencia de una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes que corroboren la tipicidad de la conducta,
  • El aporte de evidencias físicas e información legalmente obtenida que permita cumplir el estándar de conocimiento previsto en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004, orientado a salvaguardar la presunción de inocencia del procesado,
  • La claridad de los términos del acuerdo a efectos de precisar cuándo un eventual cambio de calificación jurídica corresponde a la materialización del principio de legalidad y en qué eventos es producto de los beneficios acordados por las partes,
  • La viabilidad legal de los beneficios otorgados por la Fiscalía, sea por la modalidad y cantidad de los mismos o por las limitaciones previstas frente a determinados delitos, y
  • Que la renuncia al juicio del procesado haya sido libre, informada y asistida por su defensor.



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