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Presupuestos del falso juicio de convicción.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dictó sentencia de casación, mediante la que se dio respuesta a la demanda incoada por el acusado contra la providencia emanada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Así, la antedicha Corporación recordó los presupuestos del falso juicio de convicción.

En tanto modalidad de los errores de derecho, el falso juicio de convicción tiene aplicación cuando, excepcionalmente, la ley prefija la conducencia de una prueba en particular, para acreditar determinado hecho (tarifa legal positiva); también, al condicionar la eficacia demostrativa de un aspecto en concreto (tarifa legal negativa). Manifestación de la primera es, verbi gratia, la partida del registro civil, en tanto prueba legalmente requerida para acreditar los hechos, actos y providencias relativos al estado civil de las personas (art. 105 del Decreto 1260 de 1970 y CSJ AP6961-2015, rad. 45.074), mientras que, como ejemplo de la tarifa negativa, puede enunciarse la imposibilidad de concluir la responsabilidad penal únicamente con pruebas de referencia (art. 381 inc. 2° C.P.P.).

Los yerros de convicción, entonces, surgen en un ámbito intermedio entre la fase de aducción o incorporación probatoria, por una parte, y las etapas de apreciación y valoración, por otra. En presencia de una tarifa legal, al juzgador le corresponde aplicar un juicio normativo habilitante en relación con la aptitud del medio de prueba para acreditar el respectivo enunciado fáctico o en punto de la eficacia demostrativa del tipo de prueba concernido. Solo si ese escrutinio es superado, convenciéndose el sentenciador de la conducencia del medio de conocimiento o de la viabilidad jurídica de su conclusión probatoria, le es dable pasar a apreciar el contenido objetivo del medio de conocimiento o validar aquélla, respectivamente.

Por consiguiente, un falso juicio de convicción presupone una prueba legalmente admitida y practicada o incorporada en el juicio, en relación con la cual el juez yerra en la corroboración de su conducencia o aptitud legal (convicción) para dar por probado el hecho o aspecto regulado por la ley. Corte Suprema de Justicia. SP163-2023(56295). M. P. Myriam Ávila Roldán.




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