Prevalencia del defensor contractual sobre el público. – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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El juez de conocimiento no puede sustituir por iniciativa propia el defensor privado por uno público, salvo cuando exista negligencia o abandono injustificado. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

El juez de conocimiento no puede sustituir por iniciativa propia el defensor privado por uno público, salvo cuando exista negligencia o abandono injustificado.

El juez de conocimiento designó un defensor público en reemplazo del abogado contractual escogido por el procesado, al advertir que dicho profesional fue sancionado disciplinariamente con la suspensión del ejercicio de la profesión, sin consultar a fin de que decidiera si designaba o no otro defensor privado. Al resolver la impugnación de la acción de tutela, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del accionante.

¿Tiene alguna inquietud acerca de este tema? En Buelvas y Melo Abogados le podemos ayudar presionando aquí.

Buelvas y Melo Abogados

De acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de la Ley 906 de 2004, «la defensa estará a cargo del abogado principal que libremente designe el imputado o, en su defecto, por el que sea asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.»

Tomando como punto de partida la anterior premisa normativa, pertinente es recordar cómo jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, de vieja data, ha sostenido que el defensor público actúa en aquellos casos en que el procesado no puede o no quiere designar defensor de confianza. De modo que, si el investigado o enjuiciado cuenta con apoderado contractual, el mismo se privilegia frente al designado por el Estado, pues este último no está llamado a desplazar al abogado contratado por cualquier causa, sino de forma excepcional cuando se demuestre una manifiesta negligencia o abandono injustificado de las funciones defensivas. Al respecto, el cuerpo colegiado, señaló:

«(…) la Convención de San José de Costa Rica, instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad y que fue aprobado mediante la Ley 16 de 1972, señala en su artículo 8º, sobre garantías judiciales, que el procesado cuenta con el “derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”. En similar sentido, el artículo 14-3-d del Pacto de Nueva York, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 74 de 1968, consagra que toda persona tiene ante los tribunales y cortes de justicia el derecho a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, y a que se le nombre uno de oficio, si careciera de medios suficientes para pagarlo.

También el artículo 29 de la Constitución Política cita en primer lugar el derecho de “quien sea sindicado” a la asistencia de un abogado designado por él “o de oficio”, lo que sugiere que si bien con el uno o el otro se garantiza el derecho fundamental, el primero, si existiere, se privilegia frente al segundo, pues éste actúa ante la ausencia de una designación específica.

La jurisprudencia de esta Corporación ha sido insistente sobre el mismo punto (CSJ, SP, sentencia del 4 de febrero de 2009, rad. 26888):

“Los artículos 14.3 del Pacto de Nueva York (Ley 74 de 1968) y 8.2 literales d) y e) de la Convención de San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972) consagran el derecho del procesado en plena igualdad a ser asistido por un defensor de su elección, así, la representación judicial de oficio viene a suplir en caso de que no pueda contar con un apoderado de confianza” (subraya la Corte en esta oportunidad).

De igual manera, la Corte ha señalado que el derecho a la defensa técnica es intangible y, “por lo tanto, en el evento de que el imputado no designe su propio defensor, el Estado debe procurárselo de oficio” (CSJ, SP, fallos del 22 de septiembre de 1998 y 22 de octubre de 1999, reiteradas en sentencia del 18 de marzo de 2015, rad 42337) y, en fin, ha reconocido que el profesional contractual puede ser desplazado por el de oficio, pero no de manera arbitraria o caprichosa, sino ante la reiterada ausencia del primero y su evidente actitud omisiva.» (CSP, SP, auto del 6 de agosto de 2009, rad. 32358). 

Así las cosas, no queda duda que el derecho a la asistencia jurídica cualificada escogida por la persona reconoce su plena libertad para otorgar la representación judicial en el profesional que a bien tenga, de ahí que prime respecto de la forma sucedánea cuando el Estado ha de proveerla.

Corte Suprema de Justicia.



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