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Principio de legalidad en el derecho disciplinario (1123/2007). - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Principio de legalidad en el derecho disciplinario (1123/2007).

Radicación: 66001-11-02-000-2018-00033-01.

Magistrada ponente: DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ.

Bogotá D.C., 19 de abril de 2023

La Comisión expone que el principio de legalidad refiere que una persona solo será responsable disciplinariamente como falta en la ley vigente al momento de su realización, lo que se determina por el análisis de la norma que establece la función, el deber, la orden o la prohibición, en palabras de la Corte Constitucional (Sentencia C-030 del 1 de febrero de 2012):  

“El principio de legalidad reconocido en varias disposiciones constitucionales exige que la conducta a sancionar, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, deben estar expresa y claramente definidos por la ley con carácter previo a la aplicación e imposición de estas medidas. De ahí que la jurisprudencia constitucional ha expresado, en relación con este principio, que comprende una doble garantía, “[L]a primera, de orden material y de alcance absoluto, conforme a la cual es necesario que existan preceptos jurídicos anteriores que permitan predecir con suficiente grado de certeza aquellas conductas infractoras del correcto funcionamiento de la función pública y las sanciones correspondientes por su realización. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de rango legal, que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios en manos de la Administración”.

Respecto de las finalidades de este principio, la jurisprudencia constitucional ha señalado que éste:

  • Otorga certidumbre normativa sobre la conducta y la sanción a imponer;
  • Exige que el texto predeterminado tenga fundamento directamente en la ley, sin que sea posible transferir tal facultad al Gobierno o a las autoridades administrativas, por ser una competencia privativa del Legislador;
  • Constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos;
  • Protege la libertad individual;
  • Controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y
  • Asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado.”

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