Prisión domiciliaria por enfermedad muy grave. – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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Si se acreditan los requisitos para conceder la reclusión domiciliaria por enfermedad muy grave, el juez de conocimiento la debe autorizar desde la sentencia de primera instancia. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Si se acreditan los requisitos para conceder la reclusión domiciliaria por enfermedad muy grave, el juez de conocimiento la debe autorizar desde la sentencia de primera instancia.

La defensa del acusado interpuso el recurso extraordinario de casación contra el fallo emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en uno de los cargos, el demandante cuestionó que no se hubiera concedido la reclusión domiciliaria por enfermedad muy grave, ante lo que la Corte indicó lo siguiente.

La procedencia específica del instituto consagrado en el artículo 68 del CP, el juez de conocimiento sí está facultado para pronunciarse respecto del mismo en la sentencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que lo que está en riesgo, en caso de una “enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal”, es, precisamente, la vida del procesado, derecho fundamental consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política (C.Pol.), y en el preámbulo de la misma como un fin que debe asegurarse a los integrantes de la Nación.

El carácter de fundamental que contiene el derecho a la vida, le impone la obligación a todas las autoridades de la República de proteger la de todas las personas residentes en Colombia (artículo 2º C.Pol.).

En cumplimiento de tal fin esencial del Estado colombiano, los jueces de la República y las autoridades administrativas encargadas de los asuntos carcelarios deben velar porque, tanto los procesados como los condenados, tengan condiciones que no atenten o pongan en riesgo el derecho a la vida. Para tal propósito el legislador ha dispuesto como principio rector del derecho penal sustancial y procesal, el respeto a la dignidad humana de los intervinientes en el proceso (artículos 1 del CP y CPP). Y esos principios rectores deben además aplicarse en conjunto con el mandato del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal que manda a los servidores públicos en sus actuaciones de investigación o de juzgamiento a “(…) ceñirse a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función público, especialmente a la justicia”.

Ese respeto a la dignidad humana implica que ninguna de las partes o intervinientes en el proceso penal sea utilizado como medio para conseguir los fines del Estado, y que, como principio obligatorio del Estado Social de Derecho que rige en Colombia, no puede ser limitado bajo ninguna circunstancia a ningún ciudadano colombiano, así se encuentre privado de la libertad, sin importar la calidad de delito por el cual está siendo investigado, o como en el sub examine, condenado.

En reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia ha dejado definida la obligación del Estado de otorgar un trato digno a la población privada de la libertad.

Es por eso por lo que, en casos donde se halle plenamente establecido que una persona privada de la libertad padezca una enfermedad muy grave que sea incompatible con la vida en reclusión formal (entiéndase en establecimiento penitenciario o carcelario), los jueces están llamados a velar porque su vida, salud e integridad personal se compaginen con el principio de la dignidad humana, en consideración a su “especial estado de sujeción” .

En consecuencia, y tratándose de condenados, como en el presente asunto, de concurrir las exigencias que establece el artículo 68 del CP, se debe autorizar, desde la sentencia de primera instancia, que la pena privativa de la libertad pueda ejecutarse en un centro de reclusión o en la residencia del penado, según lo que se haya solicitado y las circunstancias de salud lo ameriten.

Corte Suprema de Justicia.



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