La prórroga de la medida de aseguramiento no puede ser oficiosa. – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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El juez de control de garantías no puede prorrogar oficiosamente la vigencia de la medida de aseguramiento. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

El juez de control de garantías no puede prorrogar oficiosamente la vigencia de la medida de aseguramiento.

El accionante presentó la acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y la libertad personal, con la decisión de primera y segunda instancia en la que se accedió a la prórroga de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, a partir de estudiar el principio “pro infans” y mediante argumentación ajena a la expuesta por la Fiscalía. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia de tutela penal en la que se negó el amparo solicitado, para en su lugar, conceder el amparo al derecho fundamental al debido proceso.

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A la hora de aplicar en concreto la prórroga del término sí han de considerarse circunstancias de orden procedimental que conllevan a una aplicación diferenciada de la extensión del plazo, sin lugar a prolongaciones basadas en criterios cualitativos como la complejidad del asunto, la dificultad probatoria o la conducta desplegada por las autoridades judiciales.

De igual manera, la Corte ha reiterado que, como se extracta de las normas arriba reseñadas, «la prolongación del término por otro año más, absolutamente insuperable, depende únicamente de que el funcionario judicial lo valide tras constatar alguna de las circunstancias que dan lugar a la duplicación del plazo, que son estrictamente objetivas y que, prácticamente, operan por ministerio de la ley. Mas tal validación, en asuntos gobernados por la Ley 906 de 2004, no puede ser decretada motu proprio por el juez de control de garantías, sino que procede a petición de parte» (sentencia STP16906-2017).

En este sentido, la aplicación de las medidas de aseguramiento son potestad de la Fiscalía, en cabeza de quien radica el ejercicio de la pretensión penal. Así el juez encontrara elementos suficientes para detener, no está facultado para asegurar al imputado por iniciativa propia. Tanto así, que sólo la víctima puede, supletoriamente, demandar la aplicación de las medidas de aseguramiento cuando el fiscal se abstenga de hacerlo (art. 306 inc. 4º ídem). 

En ese orden, le asiste razón al accionante al sostener que la Fiscalía no cumplió con su deber y carga procesal al limitarse a indicar, como lo señaló el Juez de segunda instancia, que los elementos materiales que soportan las inferencias razonables son los mismos que se utilizaron para imponer la medida de aseguramiento.

La audiencia de prórroga de medida de aseguramiento, al ser realizada ante Juez de Control de Garantías, implica que el peticionario, en este caso la Fiscalía General de la Nación, corra con la carga probatoria para sustentar su petición; allegando al Juez, quien en principio no conoce las especificidades del proceso, los medios de prueba con los que cuenta la Fiscalía para sustentar su petición.

De la misma forma, para el caso en concreto, destaca la Sala que, conforme se observó en el estudio de los requisitos de procedibilidad generales, «por servir las medidas de aseguramiento a finalidades constitucionales y legales propias, distintas a la definición sobre la responsabilidad penal del acusado que es el objeto principal del proceso penal que se define en la sentencia, las posibilidades ordinarias de defensa judicial en aspectos concernientes al debido proceso aplicable para la privación preventiva de la libertad personal se agotan con el ejercicio de los recursos de reposición y apelación». En este sentido, es claro que, en aras de proteger los mínimos constitucionales en la audiencia de prórroga de medida de aseguramiento, debe el Juez de Control de Garantías valorar los elementos que sustentan la petición de carácter excepcional, de acuerdo con el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, con el fin de (i) permitir que la defensa pueda controvertir lo aducido por quien realiza la petición y (ii) motivar su decisión conforme lo establecido en las normas que rigen el procedimiento. Por lo anterior, advierte la Sala que extrañó en este proceso constitucional, los elementos materiales probatorios argüidos por la Fiscalía para sustentar las inferencias razonables y la necesidad de extender y prorrogar la medida hasta por el término inicial.

En este orden de ideas, frente a la ausencia de elementos de conocimiento que permitan advertir que el imputado obstruirá el debido ejercicio de la justicia, o que constituye peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, o que no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia, la Fiscalía debe abstenerse de solicitar la prórroga, pues además de que su petición en todos los casos, no es lo que ordena el derecho (artículos 250 de la Constitución Política, 2, 295, 296, 308, 309, 310, 311 y 312 de la Ley 906 de 2006), resulta ilógico obligarla a través del delegado fiscal a formular solicitudes desprovistas de fundamento.

Corte Suprema de Justicia.



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