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Deber de la Fiscalía de adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar la vida y la seguridad personal de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Deber de la Fiscalía de adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar la vida y la seguridad personal de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal.

Protección a testigos.

El accionante fue testigo de la Fiscalía en el juicio realizado contra integrantes y cabecillas de una banda delincuencial, quienes efectivamente resultaron condenados. Por sus declaraciones, recibió amenazas, pero como estaba privado de la libertad se encontraba protegido.

Ahora que le fue concedido el subrogado de la libertad condicional, el demandante solicitó su protección y la de su compañera permanente ante la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, aunque fueron clasificados en riego extraordinario, se negó su vinculación al programa de protección porque al gozar del subrogado se considera privado de la libertad.

Al resolver la impugnación interpuesta por el Director de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia de tutela del 14 de marzo de 2023, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que amparó los derechos fundamentales a la vida e integridad personal de los accionantes, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Tutelas No. 1, recordó que, corresponde a la Fiscalía General de la Nación como titular del ejercicio de la acción penal la función de protección de los testigos.

En primer lugar, conforme al numeral 7º del artículo 250 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 114, numeral 5º de la Ley 906 de 2004, corresponde a la Fiscalía General de la Nación velar por la protección, entre otros, de los testigos.

De igual modo, en virtud de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 4 de la Ley 1106 de 2006, la Fiscalía General de la Nación, mediante la Resolución 1006 de 27 de marzo de 2016, reglamentó el programa de protección a testigos con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.

Es así que la Corte Constitucional, en la sentencia T-355 de 2016, precisó los criterios que rigen la vinculación al programa, de los que se concluye que pueden ser objeto del mismo las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal, cuando sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal se encuentren amenazados con ocasión de dicha actuación, por lo que corresponde a la Fiscalía adoptar las medidas o coordinar su implementación con otros organismos del Estado.

Caso concreto.

Los deberes constitucionales y lo que dispone el artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección, pues aunque el ente tiene autonomía para juzgar la idoneidad y eficacia de la participación de esas personas en el proceso penal, no puede desconocer la búsqueda el reconocimiento de los derechos a la vida y seguridad personal de las víctimas, testigos, sus familias y defensores, en ese sentido, es claro que la negativa de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación en el otorgamiento de la protección debida, puede llegar a comprometer el proceso penal y también repercutir en responsabilidad del Estado[1].

Corte Suprema de Justicia. STP3349-2023(129950). M. P. Fernando León Bolaños Palacios.

 

[1] Sentencias T-1025 DE 2007, T-1060 de 2006, T-558 de 2003 y T-532 de 2005




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