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¿Qué es la audiencia de preclusión? - Buelvas & Melo Abogados Asociados

¿Qué es la audiencia de preclusión?

¿Qué es la audiencia de preclusión?

De acuerdo con el artículo 250 de la Constitución Política, cuyo desarrollo legal se aprecia en el artículo 200 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercitar la acción penal y a adelantar las investigaciones de los hechos que lleguen a su conocimiento que tengan las características de un delito, siempre que medien suficientes motivos y circunstancias que indiquen la probable existencia de la misma; sin que pueda renunciar, interrumpir o suspender la persecución penal, salvo en los casos que la ley establece para la aplicación del principio de oportunidad.

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Sin embargo, dado que existen determinados eventos en los cuales no se satisfacen las exigencias legales para acusar, el legislador reguló en los artículos 331 a 335 de la Ley Procesal Penal, el trámite relacionado con la preclusión; de modo que, es factible que en cualquier etapa de la actuación , el Fiscal solicite al juez de conocimiento pronunciamiento en tal sentido, petición que de ser aceptada conducirá a la terminación de la actuación con efectos de cosa juzgada .

Dada la trascendencia del decreto de la preclusión, en el sentido de que hace tránsito a cosa juzgada, el órgano competente para proferirla es el juez de conocimiento (sentencias C-872 de 2003, C-591 de 2005 y C-920 de 2007), y su pronunciamiento debe restringirse a la causal invocada por la Fiscalía, el Ministerio Público o la defensa, según la etapa procesal donde se presente la solicitud. De manera que, por regla general, el juez no debe adoptar decisión alguna en relación con causales no alegadas, so pena de vulnerar el debido proceso establecido en la Ley 906 de 2004, para ese instituto jurídico.

De ahí que, el análisis y argumentación que presente el fiscal para soportar su petición debe ser específico y detallado, puntualizando no solo los elementos que exige la causal invocada para su estructuración sino los que hacen parte del tipo penal objeto de investigación, los cuales al ser evaluados permitan colegir la necesidad de precluir.

Corte Suprema de Justicia. AP1758-2023, radicado 63458. M. P. Carlos Roberto Solórzano Garavito.


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