Legalidad de la captura realizada por orden escrita – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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Reglas sobre el control de legalidad de la captura realizada por orden escrita en procesos tramitados por la Ley 906 de 2004. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Reglas sobre el control de legalidad de la captura realizada por orden escrita en procesos tramitados por la Ley 906 de 2004.

El principio de reserva judicial en la privación de la libertad indica que solo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad[1]. En este sentido, el artículo 28 de la Constitución Política (en adelante CP); el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968; el artículo 7° de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada mediante la Ley 16 de 1972, instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la CP por referirse a la libertad personal; y el artículo 2° de la Ley 906 de 2004 (en adelante CPP), son los referentes normativos que inicialmente delimitan nuestro análisis.

La orden escrita para realizar la captura en la Ley 906 de 2004 solo puede ser emitida por el juez de control de garantías o el juez de conocimiento, como se verá infra. Excepcionalmente, en virtud del artículo 300 del CPP modificado por el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá ordenar la captura de un infractor de la ley penal, cuando demuestre todo lo que hizo para encontrar fácticamente un juez de control de garantías y las circunstancias que impidieron que lo encontrara[2]. Muy distinto es el caso de la captura en flagrancia, la cual no se realiza en virtud de una orden, sino por una situación actual que requiere actuar oportunamente y por ello, dado que escapa del objeto principal de este análisis, no se realizarán mayores consideraciones.

1. Autoridades habilitadas para emitir la orden escrita de captura.

1.1 Juez de control de garantías.

Son dos los supuestos en que el juez de control de garantías puede emitir una orden de captura: (i) la captura para procurar la comparecencia del implicado a efectos de vincularlo e imponer una medida cautelar -artículo 297 CPP-. Son rasgos distintivos: la vigencia de esta orden de captura es de máximo un año -artículo 298 CPP-, transcurrido dicho término pierde vigencia por autoridad de la Ley y es posible que el fiscal solicite la prórroga sucesiva[3]; y, (ii) la captura para materializar la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural -artículos 308 y 314 CPP[4]. Es un rasgo distintivo: no se requiere prórroga de la orden de captura proferida para cumplir la medida de aseguramiento[5].

Son elementos comunes a uno u otro evento ut supra que, las medidas de aseguramiento solo tienen vigencia hasta el anuncio del sentido del fallo condenatorio o hasta la lectura de la sentencia[6].

1.2 Juez de conocimiento.

El inciso segundo del artículo 450 CPP, establece que, si la detención es necesaria, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.

Se hace pertinente indicar que aquí se supedita la orden de captura, a tres requisitos a saber: (i) anuncio del sentido del fallo de carácter condenatorio; (ii) se niegan los subrogados y sustitutos penales[7]; (iii) se advierte necesario proferir orden de captura de manera inmediata[8][9].

1.3 Fiscal General de la Nación o su delegado.

El artículo 300 CPP modificado por el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, autoriza al Fiscal General de la Nación o su delegado para emitir, de manera excepcional, la orden de captura escrita.

La Corte Constitucional, al resolver la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, declaró parcialmente exequible dicha norma. Esto, en el entendido en que el fiscal debe acreditar que fue imposible que un juez expidiera la orden de captura; véase el artículo 3° de la Ley 1142 de 2007. La vigencia de la orden de captura, según ha indicado la Corte Constitucional[10] es precaria, por tal razón, el fiscal debe verificar continuamente que las condiciones excepcionales persistan.

Lo dicho ut supra, se puede esquematizar así:

Autoridades habilitadas para emitir la orden escrita de captura.
Autoridad

Motivos

Fundamento normativo

Juez de control de garantías

Para vincular al indiciado al proceso e imponer una medida cautelar

Artículo 297 CPP

Para materializar la medida de aseguramiento

Artículo 308 y 313 CPP

Juez de conocimiento

Para cumplir la sentencia condenatoria

Artículo 450 CPP

Fiscal General de la Nación o su delegado.

Acreditar que fue imposible que un juez emitiera la orden de captura

Artículo 300 CPP

 

2. El control de legalidad de la captura.

2.1 Juez de control de garantías.

El juez de control de garantías será el competente para conocer del control de legalidad de la captura cuando esta se haya materializado con la finalidad de que una persona sea vinculada a un proceso penal o para materializar la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, según la regla antes mencionada. 

2.2 Juez de conocimiento.

El juez de conocimiento tendrá la competencia para realizar el control de legalidad de la captura cuando esta se realice para hacer efectiva una sentencia de condena que no esté ejecutoriada, al respecto, artículo 450 CPP.

2.2 Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad será el competente para realizar el control de legalidad de la captura cuando esta se haya materializado con la finalidad de hacer efectiva una sentencia ejecutoriada, según el artículo 38-1 CPP.

Es bien sabido a partir de lo establecido en el inciso segundo del artículo 157 CPP que para la función de control de garantías todos los días y horas son hábiles, por tanto, ningún problema existiría para realizar el control de legalidad de la captura si esta se materializa un fin de semana, un festivo o en vacaciones y corresponde hacerla a dicho funcionario, según las reglas mencionadas ut supra. Sin embargo, distinta es la situación cuando el precitado control corresponde al juez de conocimiento o al de ejecución de penas y medidas de seguridad.

La sentencia C-042 de 2018 de la Corte Constitucional resolvió el interrogante en cuestión, sosteniendo que, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de conocimiento o en su defecto ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad. Si el control judicial de la aprehensión no se puede realizar dentro del término ante el juez de conocimiento, corresponde intervenir provisionalmente al juez de control de garantías para resolver la situación del condenado, adoptar las medidas de protección a que haya lugar y ordenar la presentación de la persona junto con las diligencias adelantadas ante el juez de conocimiento que profirió la sentencia, al día hábil siguiente. Esta máxima corporación omitió advertir cuando dicho control debe realizarse ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, no obstante, el procedimiento a surtirse es el mismo en comento, véase el CSJ AHP, 10 de diciembre de 2020, Rad. 58.641.

3. Guía práctica del control de legalidad de la captura.

    1.       Sustentación de la solicitud por parte de la Fiscalía.

    1.1

    Indica la identificación y/o individualización del capturado (Art. 128 C.P.P.).

     

    1.2

    Acredita la existencia y vigencia de la orden de captura.

     

    1.3

    Describe las circunstancias en las que se produjo la captura.

     

    1.4

    Justifica la línea de tiempo (máximo 36 horas) (Art. 298 Parágrafo del C.P.P.).

     

    1.5

    Demuestra que se garantizaron los derechos del capturado y su buen trato (Art. 303 C.P.P.).

     

    2.       Preguntar a las partes e intervinientes si se oponen o no a la legalidad de la captura.

    3.       Decisión judicial.

    3.1

    Argumentación legal y constitucional sobre la legalidad, o no, de la captura.

     

    3.2

    En caso de LEGALIZAR la captura se CANCELA la orden (Art. 298 C.P.P.).

     

    3.3

    En caso de NO LEGALIZAR la captura se ORDENA LA LIBERTAD de la persona y se cancela la orden de captura.

     

    3.4

    Anunciar la procedencia del recurso de reposición y/o apelación.

     

    Fuente: Guía judicial para audiencia de control de garantías (p. 11).

     

    [1] Corte Constitucional, Sentencia C 237 del 15 de marzo de 2005.

    [2] Corte Constitucional, Sentencia C-185 del 27 de febrero de 2008.

    [3] CSJ STP, 05 de mayo de 2022, rad. 123.412.

    [4] CSJ STP, 27 de enero de 2022, rad. 119.645.

    [5] Ibidem.

    [6] CSJ AHP, 15 de octubre de 2021, rad. 60.425.

    [7] Es necesario recordar que el juez de conocimiento debe pronunciarse sobre la procedencia de los subrogados y sustitos penales. No es dable diferir este asunto hasta el juez de ejecución de penas, siendo impredecible el tiempo que puede tardar el trámite del recurso ordinario de apelación o el extraordinario de casación, esto, para predicar la firmeza del fallo, o incluso el mecanismo de instancia cuando es promovido. Este último asunto, muy discutido en algunos pronunciamientos judiciales. En general, véase, entre otros, CSJ STP, 15 de marzo de 2022, Rad. 122.392.  

    [8] La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido, entre otras, en CSJ STP, 02 de noviembre de 2021, Rad. 120.162, CSJ AP 02 de diciembre de 2020, Rad. 56.180, que la regla general es disponer la captura inmediata para que empiece a descontar la sanción impuesta. La excepción es no emitir la orden de captura y exponer de manera de manera amplia y razonablemente los motivos. Solo para abordar este punto podría escribir otro artículo, por ahora, debo decir que más allá de los motivos para emitir la sentencia condenatoria, el juez debe argumentar, aunque de manera breve, porqué profiere la orden de captura de manera inmediata.

    [9] El artículo 188 de la Ley 600 de 2000 exigía que, si la persona se encontraba en libertad para el momento de la emisión del sentido del fallo condenatorio, la orden de captura sólo sería emitida cuando se encuentre en firme la sentencia. La aplicación por favorabilidad a los procesos regidos por la Ley 906 de 2004, ha sido negada de manera sistemática; véase CSJ AP, 17 de noviembre de 2021, Rad. 59.740.

    [10] Corte Constitucional, Sentencia C 237 del 15 de marzo de 2005.




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