✅ Regulación procedimental del proceso de extinción de dominio en el marco de la Ley 1708 de 2014. – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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Regulación procedimental de la extinción de dominio | Ley 1708 - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Regulación procedimental de la extinción de dominio | Ley 1708

El artículo 34 de la Constitución autoriza que, por medio de sentencia judicial, se declare la extinción de dominio sobre bienes adquiridos a través de:

(i) enriquecimiento ilícito; (ii) en perjuicio del Tesoro Público; o (iii) grave deterioro a la mora social.

Así entonces, dicha figura se presenta como un mecanismo que busca enfrentar la grave proliferación de conductas ilícitas y formas de delincuencia organizada.

Al respecto, en la Sentencia C-958 de 2014, este Tribunal explicó que la acción de extinción de dominio es una acción constitucional, pública, judicial, autónoma, directa y patrimonial, la cual “[s]e caracteriza principalmente, por ser una acción de rango constitucional al igual que otras, como la acción de tutela, que se diferencia de otros mecanismos que constituyen limitaciones al derecho de propiedad, como la expropiación o el decomiso de bienes incautados dentro de un proceso penal”.

Por su parte, la Ley 1708 de 2014 “por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio” introdujo un nuevo régimen de principios generales para la extinción de dominio.

Dicha normatividad en su artículo 14 define la noción de acción de extinción de dominio en los siguientes términos: “[e]s es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiera esta ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna”.

El procedimiento regulado por la mencionada ley se efectúa de conformidad con las reglas previstas en la Ley 600 de 2000 y, en algunas actuaciones conforme a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004, excepto en todo aquello que no sea compatible con el procedimiento previsto.

El procedimiento de la extinción de dominio consta de dos etapas: una, inicial o pre procesal preparatoria, a cargo de la fiscalía general de la Nación, reservada para los afectados, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1708 de 2014; y otra de juzgamiento, a cargo de jueces de extinción de dominio, durante la cual los afectados podrán ejercer su derecho de contradicción.

Una vez finalice la fase inicial, el fiscal podrá emitir una resolución de archivo por considerar que no concurre ninguna de las causales previstas en el artículo 16 de la Ley 1708 de 2014 (De conformidad con el artículo 124 de la Ley 1708 de 2014) o, en caso contrario, emitir una resolución de fijación provisional de la pretensión de extinción, a partir de lo cual se levanta la reserva de la actuación.

Acerca de la fase inicial, el artículo 117 de la Ley 1708 de 2014 refiere que la acción de extinción de dominio se adelantará de forma oficiosa por la fiscalía general de la Nación “siempre y cuando exista un fundamento serio y razonable que permita inferir la probable existencia de bienes cuyo origen o destinación se enmarca en algunas de las causales previstas en la presente ley” (Al respecto, ver artículo 16 de la Ley 1708 de 2014).

En consonancia con ello, el artículo 118 de la precitada ley establece que esta fase tiene, entre otros, los siguientes fines:

(a) identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren en causal de extinción de dominio.

(b) buscar y recolectar las pruebas que permitan acreditar los presupuestos de la causal de extinción de dominio que se invoque.

(c) buscar y recolectar las pruebas que permitan inferir razonablemente la ausencia de buena fe exenta de culpa.

Dentro del proceso de extinción de dominio podrá la Fiscalía imponer medidas cautelares “con el fin de evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita”(Artículo 87 de la Ley 1708 de 2014), de conformidad con el artículo 88 de la mencionada ley.

Dichas medidas deben atender a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas cautelares, por lo que estas son de carácter excepcional.

Respecto de la etapa de juzgamiento, el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014 explica que esta inicia una vez, el juez avoque conocimiento del asunto, luego de que la Fiscalía presente el acto de requerimiento de extinción de dominio.

A partir de la notificación personal de dicha providencia, los sujetos procesales e intervinientes podrán:

Solicitar la declaratoria de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades.

Aportar y solicitar práctica de pruebas.

Formular observaciones sobre el acto de requerimiento presentado por el Fiscal a cargo.

Contra la sentencia que profiera el juez de extinción de dominio, procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

Ahora bien, conforme al artículo 13 de la Ley 1708 de 2014, durante el desarrollo del proceso referido, el afectado podrá ejercer, entre otros, los siguientes derechos:

(a) tener acceso al proceso desde la comunicación de la resolución de fijación provisional de la pretensión o desde la materialización de las medidas cautelares.

(b) conocer los hechos y fundamentos que sustentan la pretensión de extinción de dominio, en términos claros y comprensibles.

(c) oponerse a la pretensión de extinción de dominio.

(d) presentar, solicitar y participar en la práctica de pruebas.

(e) realizar cualquier acto procesal en defensa de sus derechos.

Finalmente, en la Sentencia C-374 de 2007, esta Corporación precisó que la extinción de dominio es una institución autónoma de carácter constitucional y patrimonial que se desarrolla “previo juicio independiente del penal, con previa observancia de todas las garantías procesales”.

Corte Constitucional. Sentencia T-309 de 2023. M. P. José Fernando Reyes Cuartas.




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