Acceso a la prisión domiciliaria como madre o padre cabeza de familia. – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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Prisión domiciliaria como madre o padre cabeza de familia. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Prisión domiciliaria como madre o padre cabeza de familia.

Requisitos para acceder a la prisión domiciliaria como madre o padre cabeza de familia.

El artículo 1º de la Ley 750 de 2002 establece que la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia [u hombre en similar situación], en el lugar de su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez en caso de que la víctima de la conducta punible resida en aquel lugar, siempre que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente, y se cumplan los otro requisitos enunciados en la norma[1], la cual, estableció el legislador en forma adicional, no se aplicará a las autoras o partícipes de los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos culposo o delitos políticos.

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Jurisprudencia Acerca de la Prisión Domiciliaria.

La jurisprudencia de la Corporación y de la Corte Constitucional, precisan que la Ley 750 de 2002 permite el cambio de sitio de reclusión (domiciliaria en lugar de intramuros) cuando la mujer o el hombre es la única persona a cargo del cuidado y la manutención de sus hijos menores de edad, siempre, claro está, que cumplan los requisitos previstos en el ordenamiento y los parámetros jurisprudenciales desarrollados en torno al mecanismo sustitutivo. De igual modo, han establecido que el mismo beneficio puede otorgarse a la mujer [o al hombre] que tenga la calidad de madre cabeza de familia respecto de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, que integren su núcleo familiar, bajo las limitaciones establecidas en la ley[2].

(…) En perspectiva de impedir que la medida se utilice en forma fraudulenta en beneficio personal de quien invoca la condición de ser cabeza de familia, se exige del juez encargado de resolver la solicitud de sustitución de la prisión en establecimiento carcelario por domiciliaria, valorar: i) que la determinación sea manifiestamente necesaria en razón del estado de abandono y desprotección a que quedarían expuestos los hijos de la persona condenada, ii) que la medida sea adecuada para proteger el interés del menor, y iii) que no comprometa otros intereses y derechos constitucionalmente relevantes.

Así, se tiene que el derecho no opera de manera automática por simple solicitud de la mujer o el hombre que proclamándose cabeza de familia la reclamen. “Según el artículo 1° de la propia Ley [750], para acceder a este derecho deben cumplirse varios requisitos. Antes de conceder el derecho el juez debe haber valorado: (a) el desempeño personal, es decir, su comportamiento como individuo, (b) el desempeño familiar, o sea, la forma como ha cumplido efectivamente sus deberes para con su familia y la manera como se relaciona con sus hijos, (c) el desempeño laboral, con el fin de apreciar su comportamiento pasado en una actividad lícita y (d) el desempeño social, para apreciar su proyección como miembro responsable dentro de la comunidad. Con base en el estudio de la manera como se comporta y actúa en estos diferentes ámbitos de la vida, el juez debe decidir si la persona que invoca el derecho de prisión domiciliaria no pone en peligro: (i) a la comunidad, (ii) a las personas a su cargo, (iii) a los hijos menores de edad y (iv) a los hijos con incapacidad mental permanente. Así, el juez habrá de ponderar el interés de la comunidad en que personas que han tenido un comportamiento asociado, por ejemplo, a la criminalidad organizada y, por ende, pueden poner claramente en peligro a la comunidad, no accedan al derecho de prisión domiciliaria. En el mismo sentido iría en contra de la finalidad de la propia ley, conceder el derecho de prisión domiciliaria a quien, en lugar de cuidar de los menores, los expondría a peligros derivados del contacto personal con éstos o de otros factores que el juez ha de valorar detenidamente en cada caso.[3]Corte Suprema de Justicia. SP051-2023(54452). M. P. José Francisco Acuña Vizcaya.

Consulte la providencia completa presionando aquí.

Conclusion: 

[1] Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: i) cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia; ii) observar buena conducta en general y en particular respecto de las personas a cargo; iii) comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerida para ello; iv) permitir la entrada a la residencia, a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión; y v) cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y cumplir la reglamentación del INPEC.

[2] Cfr. CSJ SP 13 Nov 2019 Rad. 53863

[3] Corte Constitucional sentencia citada




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