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Requisitos para la imposición de la pena intemporal de que trata el artículo 122 de la Constitución Política. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Requisitos para la imposición de la pena intemporal de que trata el artículo 122 de la Constitución Política.

Magistrada ponente    MYRIAM ÁVILA ROLDÁN.   

SP 070-2023.

Radicación n° 57360.

C.U.I. 20001600107520150477301

De acuerdo con el inciso 5º del canon 122 de la Constitución Política, modificado por el precepto 4º del Acto Legislativo 1 de 2009:

«no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado (…)». 

Al respecto, la Corte Constitucional, desde la sentencia CC C-038 de 1996, viene precisando que la defraudación al erario público, es el soporte en el que el constituyente se fundó para «impedir que en lo sucesivo la persona que por ese motivo fue condenada penalmente asuma de nuevo el manejo de la cosa pública».   

Es así como en la sentencia CC C-652 de 2003 sostuvo que, para la imposición de esa sanción, se demanda el cumplimiento de los siguientes presupuestos:

  1. El destinatario de la pena es un servidor público.
  2. Es la consecuencia de una condena penal por la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.
  • No procede respecto de punibles culposos y,
  1. Únicamente prohíbe el acceso a la función pública, no el ejercicio de derechos políticos.

Particularmente, en cuanto se refiere al segundo requisito, se impone precisar, como lo hizo el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, en la sentencia anotada, que, la inhabilidad del artículo 122 Superior no cabe respecto de todos los delitos contra la administración pública, sino en tanto «se dirija[n] específicamente contra el patrimonio público, es decir, que atente[n] contra el erario». 

Estos reatos, es decir, los que afectan el patrimonio del Estado, a voces del derogado canon 38 de la Ley 734 de 2002, reproducido de exacta manera en el precepto 42 de la Ley 1952 de 2019, son «aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público».  

Así mismo, por previsión de la misma norma, «la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado».

(…) Es claro que, el presupuesto esencial para identificar si es procedente la imposición de la pena de inhabilitación intemporal para ejercer funciones públicas es que el delito ejecutado por el servidor público haya causado un detrimento patrimonial a las arcas del Estado.


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