Responsabilidad Penal por el Producto (Introducción) – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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Responsabilidad Penal por el Producto (Introducción) - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Responsabilidad Penal por el Producto (Introducción)

En esta serie de tres entregas, el Dr Buelvas Mendoza, hace un analisis de la Responsabilidad Penal por el Producto.

Autor: Dr. Nicolas Alejandro Buelvas Mendoza.

Con el advenimiento de la denominada sociedad de riesgo, los procesos de producción, distribución y venta final de bienes y servicios que son ofrecidos de manera masiva, han sufrido un cambio exorbitante a tal punto, que la gran mayoría de cadenas de producción hoy en día, tienen dentro de sí mismas una compleja red interna de intercambio de información, la cual a su vez sirve de sustento para el desarrollo adecuado de un producto. De hecho, como consecuencia del alto grado de complejidad interna sobre la cual están estructuradas dichas cadenas de producción, al igual que los altos flujos de información técnica sobre los cuales dichas cadenas se fundamenta, tienen como ejes transversales, principios tales como: El principio de confianza, compartimentalización y trazabilidad.

En todo caso y como contra cara de los beneficios que han traído a la sociedad la tecnología y su aplicación en la oferta masiva de bienes y servicios, el derecho como mecanismo formal de control social se ha visto en la tarea de identificar y ordenar el empleo de estructuras de control y calidad más rigurosas al sector productivo, ya que la empresa como actor principal en el sistema mercantil moderno, ha recibido una mayor cantidad de deberes de protección y vigilancia sobre el “output” que inserta en el tráfico masivo de bienes y servicios. De ahí que, esta misma -la empresa- tiene la obligación, de la mano de los parámetros normativos de naturaleza preventiva que ha establecido, ya sea el derecho o en su defecto el sector especializado de producción -lex artis- de que se trate, de concientizarse frente a los límites que son socialmente tolerados, en relación a la configuración de sus ámbitos de organización sin poner en peligro, ni mucho menos lesionar al consumidor como destinario final del producto ofertado o al propio orden económico-social como bien jurídico autónomo.

Ahora bien, lo anterior cobra un mayor nivel de importancia, ya que según el artículo 78 de la constitución política de Colombia, el proceso de oferta de bienes y servicios de forma masiva como actividad socialmente relevante, lleva dentro de sí misma la eventual creación de riesgos jurídicamente relevantes, es por esto que el constituyente, les ha exigido a las empresas, deberes especiales en materia de calidad e información, permitiendo así mismo aseverar que este articulo sirve como base para edificar una posición de garante de índole constitucional frente a todo aquel que intervenga en un proceso de oferta masiva de bienes y servicios, lo cual se comprende mejor aun atendiendo la posición de responsabilidad que estos agentes ostentan en los casos donde dichos bienes o servicios sean defectuosos y terminen atentando contra los consumidores/usuarios como destinatarios finales, en ese sentido, importante es entonces tomar nota de la comentada norma la cual establece que:

“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”.

Así pues y retomando el tópico de la empresa como actor principal en el sector mercantil, tenemos que las obligaciones que por mandato constitucional se le han encomendado a esta misma (artículo 333 de la constitución política) como base del desarrollo del Estado, generan en su actividad productiva otra clase de deberes en relación a los ya mencionados de calidad e información, de ahí que, como consecuencia del reconocimiento de la naturaleza intersubjetiva que la empresa desempeña en nuestro modelo socio político, o en palabras de la propia constitución: “La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”, de manera que termina resultando reforzada la tesis que pregona la posición de garante (de categoría constitucional) al igual que el mínimo de deberes especiales que le han sido atribuidos a las empresas.

Con todo, es importante recalcar la posición que la doctrina sostiene frente al fenómeno que se viene comentando. El cual vendría a ser la relevancia que tienen los procesos internos dentro del desarrollo de productos y su producto (empresa), al igual que los deberes especiales que estos mismos agentes deben de cumplir, como consecuencia del riesgo social que sus actividades conllevan. En efecto, la famosa triada: empresa-Estado-sociedad puesta de relieve por G. HEINE y a su vez mencionada por GOMEZ JARA-DIEZ, es una figura que ha cobrado de forma paulatina mucha fuerza si se contextualiza a su vez con el ya mencionado advenimiento de las denominadas por BECK, “sociedades de riesgo” o “risikogesellschaft”. De ahí que, GOMEZ JARA-DIEZ, por ejemplo, ha tomado nota del anterior fenómeno y frente a este mismo se ha pronunciado de la siguiente forma:

“El Estado en la era de la incertidumbre, ha perdido el monopolio de la protección de bienes jurídicos, de la distribución de riesgos y de la planificación estratégica, puesto que simple y llanamente, carece hoy en día de la suficiente información y competencia para poder desarrollarlas”. (pág. 29)

Otros autores como DOPICO GOMEZ-ALLER, con relación a las respuestas que debe de proveer el derecho penal frente al consumidor y el riesgo latente en el que se puede encontrar como consecuencia de un producto defectuoso se manifiestan de la siguiente forma:

“Desde el último cuarto del siglo XX el Derecho penal pasa a contemplar el fenómeno de los riesgos para los consumidores con un prisma específico. No lo toma en consideración como un problema de responsabilidad contractual; tampoco lo analiza como un simple caso de generación de riesgos para la salud o la vida. Por el contrario, lo analiza como un elemento básico e imprescindible de la regulación del mercado: una pieza imprescindible para que los productores o comerciantes no traten como externalidades (en sentido económico) los riesgos para los consumidores. Una pieza sin la cual no resultaría admisible la oferta masiva de bienes o servicios en el mercado”. (pág. 3)

Así las cosas, tendríamos que frente a la adopción de la responsabilidad penal por el producto, dos serian los pilares que la sustentan, por un lado el reconocimiento por parte del Estado de su inhabilidad de poder intervenir de forma eficaz en los procesos de producción, dando como resultado que por lo menos para el caso colombiano, se le reconozca a la empresa la posición especial que ostenta, las funciones sociales que esta tiene atribuidas y las obligaciones que debe de cumplir y por otro la protección eficaz del consumidor como destinatario final de un producto y elemento indispensable -el consumidor- en la oferta masiva de bienes y servicios.




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