Responsabilidad Penal por el Producto (2da Parte) – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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Responsabilidad Penal por el Producto (2da Parte) - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Responsabilidad Penal por el Producto (2da Parte)

En esta segunda parte, el Doctor Nicolas A Buelvas Mendoza continua el análisis acerca de la RESPONSABILIDAD PENAL POR EL PRODUCTO.

Continuando con el tema de la Responsabilidad Penal por el Producto, otro punto interesante a tratar, es el límite de organización -desarrollo de su esfera de libertad- desde el punto de vista penal que pueden encontrar las empresas en su actividad, ya que estas mismas como portadores principales de deberes de calidad, protección y aseguramiento de los bienes y servicios que disponen a ingresar en el tráfico mercantil deben de apegarse a los parámetros de control y seguridad que ha establecido el derecho o en su defecto los que aconseja el sector especializado en el cual estas se organizan.

La respuesta al anterior interrogante pueda tal vez encontrarse en la institución del riesgo permitido, en ese sentido y atendiendo al desarrollo que frente a dicho instituto le ha brindado G. JAKOBS, se puede entender al riesgo permitido de la siguiente forma:

“Así pues, ya para mantener una oferta diferenciada de posibilidades de contacto social hay que asumir algunas defraudaciones de expectativas, resultando tanto más posible aceptar un riesgo como permitido cuanto más amplíe la libertad de actuación propia en cada caso. El exonerar de responsabilidad por determinadas consecuencias no sólo aumenta el abanico de posibilidades de comportamiento ajeno, sino también el número de acciones entre las que cada uno puede elegir, sin comportarse incorrectamente, posibilitando, por tanto, cuando se realiza una elección arriesgada, la solución a través de la imputación a la propia víctima”. Pag (243)

Llegados a este punto, es necesario entonces identificar los fundamentos normativos que soportan la responsabilidad penal por el producto en Colombia, haciendo la aclaración que frente a las personas jurídicas como sujetos de responsabilidad, las cuales de conformidad con el régimen legal actual solo pueden responder civil y administrativamente (ley 1778/2016), lo cual exige que, al momento de realizar cualquier tipo de comentario frente a estas mismas,  deben de tomarse de lege ferendae y no de lege data. Sin embargo, lo anterior no obsta, para pronunciarse frente a la posición de garante que estas mismas tienen por un lado (aun cuando esta no se extienda al ámbito penal) y por otro frente a la responsabilidad penal individual de los miembros que conforman a la persona jurídica.

 Pues bien, en relación a la persona jurídica como ente autónomo, vistos ya los fundamentos constitucionales que sustentan su respectiva posición de garante en relación a la responsabilidad por el producto defectuoso, en el ámbito legal, tenemos que su ámbito de organización se encuentra regularizado por la ley 1480 del 2011 (estatuto del consumidor), por lo tanto, al momento de examinar dicha ley en concreto se pueden evidenciar los deberes especiales que estas mismas ostentan, ya que de conformidad con el articulo sexto de dicha norma todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. Por esta razón, en ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.

Así mismo, el artículo en comento prevé también una cláusula de responsabilidad frente al incumplimiento de los deberes de aseguramiento, idoneidad y seguridad ya que este mismo consolida tres ámbitos diferentes de responsabilidad: civil, administrativa y una “sui generis” que el estatuto del consumidor tiene reglamentado.

En relación con la prestación de servicios de forma masiva, de conformidad con el articulo 18 de la ley 1480/2011, se tiene que cuando se exija la entrega de un bien respecto del cual se desarrollará una prestación de servicios, dicha entrega se encuentra sometida a las siguientes reglas:

  1. Quien preste el servicio debe expedir un recibo del bien en el cual se mencione la fecha de la recepción, y el nombre del propietario o de quien hace entrega, su dirección y teléfono, la identificación del bien, la clase de servicio, las sumas que se abonan como parte del precio, el término de la garantía que otorga, y si es posible determinarlos en ese momento, el valor del servicio y la fecha de devolución.

Cuando en el momento de la recepción no sea posible determinar el valor del servicio y el plazo de devolución del bien, el prestador del servicio deberá informarlo al consumidor en el término que acuerden para ello, para que el consumidor acepte o rechace de forma expresa la prestación del servicio.

  1. Quien preste el servicio asume la custodia y conservación adecuada del bien y, por lo tanto, de la integridad de los elementos que lo componen, así como la de sus equipos anexos o complementarios, si los tuviere.
  2. En la prestación del servicio de parqueadero la persona natural o jurídica que preste el servicio deberá expedir un recibo del bien en el cual se mencione la fecha y hora de la recepción, la identificación del bien, el estado en que se encuentra y el valor del servicio en la modalidad en que se preste. Cuando se trate de zonas de parqueo gratuito, el prestador del servicio responderá por los daños causados cuando medie dolo o culpa grave.

Así pues, lo que se puede evidenciar frente a la prestación de servicios y los deberes especiales que dicha actividad fundamenta, es que estos mismos son de naturaleza prevalentemente vigilante o de fomento, ya que de conformidad con lo establecido en las reglas especiales transcritas, la función principal del prestador de servicios es informar al consumidor para que este con base en dicha información tome la decisión que mejor se ajuste a sus necesidad, custodiar y conservar todo bien que le ha sido encomendado por virtud de la relación de servicios pactada y responder (en los casos de servicio de parqueadero) por los daños ocasionados por la mala prestación de este mismo, situación que se puede reconducir a la obligación de custodia y aseguramiento ya comentada.

Ahora bien, en relación con la responsabilidad por el producto defectuoso (en estricto sentido), tenemos que uno de los deberes principales en la actividad de producción y oferta masiva de bienes y servicios es el deber de información, dicho deber para los efectos del estatuto del consumidor se entiende de la siguiente forma:

“Cuando un miembro de la cadena de producción, distribución y comercialización, tenga conocimiento de que al menos un producto fabricado, importado o comercializado por él, tiene un defecto que ha producido o puede producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de las personas, deberá tomar las medidas correctivas frente a los productos no despachados y los puestos en circulación, y deberá informar el hecho dentro de los tres  (3) días calendario siguientes a la autoridad que determine el Gobierno Nacional.

De ahí que, frente al deber de información deben de distinguirse dos situaciones diferentes, en primer lugar, cuando un miembro de la cadena de producción, distribución y comercialización se entere que uno de sus productos (fabricado, importado o comercializado) ha resultado defectuoso o puede afectar la salud de los destinatarios finales de este mismo surge como deber principal (el cual es denominado por el estatuto como medida correctiva) frente a los productos no despachados de retenerse y no comercializarlos. La segunda hipótesis que puede surgir es aquella donde el mismo miembro se entere de la defectuosidad del producto, pero este mismo ya ingreso al torrente mercantil, en esta situación aquellos productos que ya se encuentran en circulación deben de ser retirados del mercado principalmente a través de los deberes de trazabilidad del producto, los cuales son de suma importancia en estas situaciones.

De todos modos, en cualquiera de los dos casos el productor se ve así mismo, en la obligación de informar al gobierno nacional, para que a través de las autoridades administrativas competentes (Ministerio de salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) tomen y anuncien las medidas fitosanitarias correspondientes.

Por supuesto que, si se llega a ocasionar por parte del producto defectuoso daño alguno, el estatuto del consumidor establece un régimen de solidaridad en relación con el productor y el expendedor por los daños causados por los defectos de sus productos, sin perjuicio de las acciones de repetición a que haya lugar. Así mismo, en los casos en donde NO se indique expresamente quién es el productor, se presumirá como tal quien coloque su nombre, marca o cualquier otro signo o distintivo en el producto.

Paralelamente a lo anterior, es importante anotar que el termino daño es definido por la propia ley 1480, así como daño, se entienden los siguientes:

  1. Muerte o lesiones corporales, causadas por el producto defectuoso;
  2. Los producidos a una cosa diferente al producto defectuoso, causados por el producto defectuoso.

Lo anterior, sin perjuicio de que el perjudicado pueda reclamar otro tipo de indemnizaciones de acuerdo con la ley.

Finalmente, según el estatuto, para determinar la responsabilidad, el afectado deberá demostrar el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo causal entre este y aquel, situación que no parece ser consecuente con la posición de vulnerabilidad en la que se encuentra el consumidor, así las cosas, parecería mas razonable trasladar la carga de la prueba, siguiendo los parámetros de la teoría dinámica de la carga de la prueba, a la persona que se encuentra en la mejor posición de poder desvirtuar los hechos alegados, es decir, el productor, en efecto, atendiendo al hecho de que es este mismo el que ostenta el conocimiento organizacional interno en la elaboración del producto, parece sensato que con base en la vasta red de información y de comunicación que ostenta este mismo (el productor) sea el, el que este llamado a proveer la mayor cantidad de elementos de conocimiento para desvirtuar cualquier alegación realizada en contra de él.

Empero y de manera afortunada, la ley de enjuiciamiento civil (código general del proceso), consagra un régimen dinámico de la carga de la prueba, en efecto según el artículo 167 del código general del proceso se tiene que:

“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares”.

Continue leyendo la conclusión en este tema, en la tercera y final entrega de este análisis acerca l aResponsabilidad Penal de Producto.

 


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