Responsabilidad Penal por el Producto (Conclusión) – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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Responsabilidad Penal por el Producto (Conclusión) - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Responsabilidad Penal por el Producto (Conclusión)

En esta entrega final el Doctor Nicolas A Buelvas Mendoza concluye el análisis acerca de la RESPONSABILIDAD PENAL POR EL PRODUCTO.

Con respecto a una eventual responsabilidad penal del ente jurídico, atendiendo a las situaciones esbozadas hasta este momento, de lege ferendae, se podría aseverar la posibilidad de sancionarlas penalmente atendiendo a las siguientes reglas de imputación (en lo que sigue, se toma como modelo rector el establecido por el legislador español), según lo plasmado en el numeral primero del articulo 31bis de la Ley Orgánica 10/1995:

“1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

  1. a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de estas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  2. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”.

Frente a lo anterior, es importante anotar entonces que la responsabilidad penal de la persona jurídica por un producto defectuoso podría aglutinarse principalmente en dos grupos de casos, en un primer grupo, se pueden dar los supuestos donde los miembros de la dirección o el representante legal de una sociedad, se percatan de la peligrosidad de un producto antes de que este sea puesto en circulación pero, deciden omitir cualquier tipo de maniobras para prohibir la comercialización del producto, aquí encajaría lo ya mencionado en el deber de información que recae sobre los productores al momento de enterarse de la defectuosidad de un producto que no ha ingresado al torrente mercantil. Así mismo, en este mismo grupo de casos caben también las hipótesis donde la información atinente a la defectuosidad del producto es puesta a disposición de los miembros de dirección o el representante legal de la respectiva sociedad, pero el producto ya está siendo comercializado, en estos casos el deber de retiro aplica de igual forma, pero este mismo va de la mano con los deberes de trazabilidad que le son impuestos a los productores como “counter-measures” en los casos donde un producto defectuoso que ya se encuentra en el mercado sea ubicado de forma más fácil.

Por otro lado, el segundo grupo de casos, vendrían a ser aquellos donde se violan los deberes de vigilancia que tienen los altos directivos de la empresa frente a sus trabajadores. En este grupo de casos, el deber que tienen que desplegar los obligados se reconduce a la vigilancia y supervisión de un foco de peligro, estos casos se pueden explicar de la siguiente forma, atendiendo al principio de compartimentalización mencionado al principio de este escrito, se tiene que en la mayoría de empresas con un suficiente grado de complejidad, en lo referente a las labores de producción, estas mismas se encuentran subdivididas en especialidades, esto como consecuencia del alto grado de tecnificación que se presenta en las sociedades posindustriales, frente a esto, sería imposible entonces obligar a los miembros de la junta directiva o el representante legal de una empresa de carros, tener un conocimiento experto en los últimos avances de un sistema de frenos o de enfriamiento.

Así las cosas, el deber de garante secundario que les compete a los sujetos mencionados en el literal b) del articulo 31 bis, solo puede fundamentarse de manera razonable en realizar labores de supervisión y vigilancia sobre sus trabajadores, esto a su vez debe de matizarse con los jefes de los distintos departamentos o áreas especializadas y los informes que ellos presenten, ya que sería también sería imposible que un gerente o alto directivo este presente en todas las áreas de la empresa.

Finalmente, en relación con la responsabilidad individual de las personas, según lo establecido de lege lata, el artículo 25 del código penal colombiano, fundamenta la posición de garante en este tipo de casos de la siguiente forma:

ARTÍCULO 25. ACCIÓN Y OMISIÓN. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión.

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley.

Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:

  1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.
  1. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.
  1. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas.
  1. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente.

Así pues, atendiendo a lo esbozado ut supra, en relación con la posición de garante de índole constitucional que ostenta el productor y la cual se ve respaldada por el segundo inciso in fine, del artículo 25 del código penal, se puede evidenciar que la norma en comento podría también sustentar una posición de garante al productor según lo establecido en los numerales 1 y 4.

Los casos que sustentan una posición de garante según lo plasmado en el numeral primero serian todos aquellos donde el sujeto asume de manera voluntaria la protección de un foco de peligro, esto es, lo que la doctrina ha catalogado como deberes de asunción en el tráfico, con todo la labor principal en estos casos se remite de principalmente a la protección, aseguramiento y custodia de la fuente de riesgo de cualquier peligro o a la estabilización de esta misma en caso de que el peligro empiece a desbordar los parámetros de seguridad aceptables.

Frente al productor de manera concreta, se tiene que este por regla general, ingresara al sistema de oferta masiva de bienes y servicios de forma voluntaria en busca de una ganancia, sin embargo, como ya ha quedado establecido, como consecuencia de los riesgos que se actividad en concreto pueden crear en un momento dado, este se encuentra en el deber (por vía de asunción) de no poner en peligro ni lesionar a los consumidores como destinatarios finales de su producto.  

Por otro lado, en los casos establecidos en el numeral cuarto, los cuales serán casos tradicionales de injerencia, como consecuencia de una situación precedente, se ha creado una situación antijuridica que esta próxima a poner en peligro o lesionar un bien jurídico. Este tipo de casos, a mi criterio, se presentarán exclusivamente en las situaciones donde el producto ya está siendo comercializado y como consecuencia de la defectuosidad de este mismo (aquí se fundamenta la situación antijuridica, surgen para el garante deberes de aseguramiento y trazabilidad, para de esta forma restablecer un foco de peligro que se ha desestabilizado y como consecuencia esta generando un riesgo jurídicamente relevante.

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