Precisan los requisitos para revocar la libertad condicional. – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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Precisan los requisitos para revocar la libertad condicional. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Precisan los requisitos para revocar la libertad condicional.

El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, presunción de inocencia y defensa al revocar la libertad condicional concedida en su favor. En primera instancia el amparo no le fue concedido, promoviendo la impugnación en la que la Sala de Decisión de Tutelas Nº 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, precisó lo siguiente.

El artículo 65 ibidem establece las obligaciones a las que compromete el beneficiario de la libertad condicional:

  1. Informar todo cambio de residencia.
  2. Observar buena conducta.
  3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo.
  4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
  5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.

El artículo 473 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), determina que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, de oficio o a petición de los encargados de la vigilancia, revocará la libertad condicional cuando aparezca demostrado que se han violado las obligaciones contraídas.

Frente al concepto de buena conducta, aplicable a los eventos de libertad condicional, la jurisprudencia constitucional tiene dicho que el artículo 65 del Código Penal exige la referencia a otras normas del ordenamiento (CC C-371-2002). En efecto, esta última solo tiene sentido si se interpreta en conjunto con los preceptos 64, 65, 66 y 67 de la misma norma que regulan, respectivamente, la suspensión de ejecución de la pena, la libertad condicional, las consecuencias para el incumplimiento de las obligaciones de la primera norma citada y la extinción de la condena cuando el periodo de prueba hay transcurrido sin que incurra en las conductas de que trata el artículo 65.

Mediante Sentencia C-371-2002, la Corte Constitucional precisó que la revocatoria de la libertad condicional no es una decisión discrecional, sino que implica (i) la acreditación de la infracción del deber de buena conducta; (ii) mostrar la manera y la medida en que dicha infracción resulta relevante para el derecho penal; y, finalmente, (iii) como consecuencia de ellos, mostrar por qué esa infracción hace que el juez cambie su percepción en torno a la necesidad del tratamiento penitenciario en el caso concreto. Es decir, debe ponerse de presente, de manera razonada, la forma como dicha transgresión incide en la valoración acerca de la necesidad de la pena.

Ciertamente, la obligación de observar buena conducta a que se somete un condenado, al cual se le ha otorgado el subrogado de la libertad condicional debe enmarcarse en comportamientos sociales, familiares e individuales conforme a la Constitución y la ley cuyos estándares debe evaluar el juez de manera diversa en relación con los exigibles a los demás individuos, precisamente por la situación jurídica que lo cobija, siendo necesario, en todo caso, que el incumplimiento de la obligación trascienda penalmente al punto de evidenciar la necesidad de que la pena se ejecute efectivamente, único evento en el cual procede la revocatoria del sustituto penal por el quebrantamiento de la buena conducta a la que se comprometió -que no se limita al hecho de ser condenado como autor de delitos-.

De conformidad con el criterio de la Sala de Casación Penal (CSJ, AP6743-2017, rad. 51119, reiterado en AP5297-2019, rad. 55312), el compromiso de observar buena conducta no está circunscrito única y exclusivamente a la ausencia de comisión de delitos y tampoco a que, si ello ha acontecido, a la existencia de una sentencia condenatoria. El estándar de valoración no es el mismo que se exige para acreditar la responsabilidad penal de una persona: basta con la existencia de hechos imputables al individuo que hayan motivado el accionar de la judicatura, para minar la confianza de las autoridades judiciales en el cumplimiento de la condena.

Corte Suprema de Justicia.



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