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Sobre la antijuridicidad y culpabilidad como categorías dogmáticas. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Sobre la antijuridicidad y culpabilidad como categorías dogmáticas.

ANTIJURIDICIDAD.

Según el artículo 11 de la Ley 599 de 2000, para que una conducta típica sea punible ha de lesionar o poner efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.

La antijuridicidad es todo comportamiento humano contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico y que, como elemento estructurante del delito, debe ser entendida en sentido material y no solo desde la perspectiva formal, es decir, no desde la mera disconformidad de la acción humana con la norma, sino con la aptitud suficiente para sancionar cuando de manera efectiva se lesiona o se pone en peligro un bien jurídicamente tutelado por la ley, sin justificación jurídicamente atendible. 

El ilícito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales protege el bien jurídico de la administración pública, tutela que resguarda el correcto ejercicio de la función pública, entendida como la actividad funcional del Estado, de los entes territoriales y demás entidades públicas de todo orden que actúan coordinadamente en el cumplimiento de los fines constitucionales, en garantía que la prestación del servicio público responda siempre al interés general y conforme a los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

CULPABILIDAD.  

La culpabilidad se entiende como la capacidad del individuo para conocer y entender bajo parámetros de razonabilidad, que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y de acuerdo con esa comprensión, adecúa su actuación con discernimiento, intención y libertad, o lo que es lo mismo, la idoneidad o aptitud jurídica de un sujeto para la realización de un hecho típico y antijurídico en cuanto reprochable, que genera la imposición de una pena.

RESPONSABILIDAD. 

Acreditada la materialidad de la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, una vez superado el estudio sobre su consagración como comportamiento prohibido por el ordenamiento jurídico, su contrariedad formal y material con este último y el juicio de culpabilidad que pesa en contra de Á.C.B, no queda camino distinto que concluir que el acusado es penalmente responsable por tal comportamiento delictivo y así deberá ser condenado.

Corte Suprema De Justicia.



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