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Sobre la competencia de los jueces con función de control de garantías ambulantes. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Sobre la competencia de los jueces con función de control de garantías ambulantes.

AP558-2023 Radicación 63189

Con el propósito de fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales, el legislador expidió la Ley 1908 de 2018 a través de la cual, entre otras disposiciones, adicionó a la Ley 906 de 2004 los artículos 307A y 317A.

Estos, en lo que interesa al específico caso que se examina, señalan que las solicitudes de revocatoria de medida de aseguramiento y libertad por vencimiento de términos de los integrantes de grupos delincuenciales corresponden a los jueces de control de garantías de la ciudad o municipio donde se formuló la imputación y donde se presentó o donde deba presentarse el escrito de acusación.

Para el cumplimiento de esa especial función, se asignó al Consejo Superior de la Judicatura el deber de asegurar la disponibilidad de jueces de control de garantías dentro de los procesos adelantados contra Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO).

Por ello, se destinó para su ejecución al grupo de jueces creados en el Acuerdo PSAA10-7495 del 3 noviembre de 2010, modificado por el Acuerdo PCSJA17-10750 del 12 de septiembre de 2017. No está en discusión, por tanto, que los jueces con función de control de garantías ambulantes están facultados para resolver los asuntos de libertad de los miembros de grupos delincuenciales. La Sala ha mantenido pacíficamente ese criterio, entre otras decisiones, en las providencias CSJ AP, 21 jul. 2021, Rad. 59835 y CSJ AP, 2 feb. 2022, Rad. 60945.

La controversia radica ante la falta de norma expresa, entonces, en la competencia de estos despachos judiciales para conocer de otras audiencias preliminares, como sería, en el caso que se estudia, la de autorización judicial.

Para solucionar tal discordia se hace necesario armonizar el contenido aludido de los artículos 307A y 317A de la Ley 906 de 2004 con las demás disposiciones de esa normatividad que definen la competencia de los jueces de control de garantías y, en seguida, con el Acuerdo PCSJA17-10750 del 12 de septiembre de 2017, el cual ratifica la paridad funcional entre los despachos con función de control de garantías ambulantes y ordinarios.

Bajo ese panorama, el artículo 267 de la Ley 906 de 2004 establece, específicamente, que el juez de control de garantías atiende las solicitudes de autorizaciones judiciales presentadas por el indiciado o su apoderado judicial. Por tanto, en atención a que la audiencia preliminar requerida tiene como propósito obtener autorización judicial para acceder a algunos documentos recopilados por la Fiscalía dentro del proceso seguido en contra de un integrante de organizaciones criminales, corresponde al Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante asumir su conocimiento.

Finalmente, advierte la Sala que resulta inadmisible, como pretende la defensa, restringir la competencia excepcional de esos despachos ambulantes a actuaciones relacionadas con el término de la detención preventiva o las causales de libertad de integrantes de grupos delincuenciales por la ausencia de norma expresa que la extienda a los asuntos que, por su naturaleza constitucional, son propios del juez de control de garantías.

Limitar su acción conllevaría no solo a desconocer el rol de los funcionarios judiciales de darle el alcance correspondiente a cada situación que no se anticipó por el legislador, sino a desatender los fines para los cuales fue creada la Ley 1908 de 2018, dirigidos estrictamente a garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales y su sometimiento a la justicia a través de un procedimiento especial que proteja en las etapas de investigación y juicio a los agentes de policía judicial, fiscales, jueces y demás partes e intervinientes (Gaceta del Congreso #84 de 2018).

Adicionalmente, no encuentra la Corte proporcional que se creen unos despachos judiciales para enfrentar de manera oportuna, eficaz y segura a dichas organizaciones criminales, únicamente en lo que respecta a solicitudes relacionadas con su libertad, más no a aquellas con la virtualidad de afectar otros derechos fundamentales.




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