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Sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Una vez constatada la procedencia de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el art. 65 inc. 1° del C.P. no faculta al juez a imponer las obligaciones condicionantes de la subsistencia del subrogado, a saber:

  1. Informar todo cambio de residencia.
  2. Observar buena conducta.
  • Reparar los daños ocasionados con la conducta punible.
  1. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile la sentencia.
  2. No salir del país sin previa autorización del juez de ejecución de penas.

Lo que establece el inc. 2° ídem es que el sentenciador exigirá que el cumplimiento de esas obligaciones se garantice mediante caución. Ello es así debido a que el inc. 1° de la norma declara que el reconocimiento del subrogado comporta esas obligaciones para el beneficiario. 

Además, uno de los elementos definitorios de la suspensión de la ejecución de la pena es la condicionalidad, principio acorde con el cual el art. 66 inc. 1° del C.P. advierte que, si durante el período de prueba el condenado violare cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada.

 

La suspensión a prueba de la ejecución de la pena representa una alternativa a la pena de prisión, que se clasifica dentro de la categoría de las condenas condicionadas.

Se trata de la renuncia a la ejecución de la totalidad o una parte de la pena de prisión bajo determinadas condiciones (compromisos y amonestaciones).

El cumplimiento total de las condiciones durante el tiempo de suspensión conduce a la remisión de la sanción. Si, por el contrario, los condicionamientos impuestos son incumplidos, la suspensión de la pena debe revocarse. En este caso, se activa la ejecución de la pena privativa de la libertad y se compele a su cumplimiento total.

La amenaza de revocatoria es un componente irrenunciable de este instituto jurídico: dicho metafóricamente, el sentenciado permanece bajo una especie de espada de Damocles (la eventual ejecución del encarcelamiento), la cual produce un efecto disuasivo en el beneficiario.

Allí tiene lugar, sobre todo, el fin de prevención especial negativa, pues mediante las condiciones y la amenaza de revocatoria, la suspensión de la pena hace posible mantener al condenado, por lo menos dentro del tiempo de suspensión, exento de reincidencia.

Así mismo encuentra aplicación la prevención especial positiva, en tanto la pretensión de resocialización -como concreción del principio constitucional de prohibición de exceso-, se satisface de mejor manera a través de la evitación del encarcelamiento, no mediante el cumplimiento de la pena de prisión.

Ahora bien, la condicionalidad deriva del entendimiento del subrogado como una concesión que, si bien favorece la libertad personal, en tanto medida que favorece la resocialización, implica contraprestaciones y reciprocidad del sentenciado.

Éste, en vista de las condiciones y la amenaza de revocatoria, no sólo ha de mantenerse exento de reincidencia, sino que, además, ha de resarcir los perjuicios causados con su conducta delictiva, algo que, se insiste, surge automáticamente con la declaratoria de responsabilidad, sin perjuicio de que los contornos de esa obligación en concreto deban ser determinados en el incidente de reparación integral.

Así, pues, en consonancia con esas características dogmáticas de la suspensión de la ejecución de la pena, la jurisprudencia constitucional justifica que el subrogado se supedite al cumplimiento de, entre otras obligaciones, la de indemnizar los perjuicios causados con la conducta punible. Ello, bajo el entendido que dicha forma de responsabilidad civil es inherente al delito y la condicionalidad hace parte de la esencia de ese beneficio.

Sobre el particular, en la sentencia C-008 de 1994, la Corte Constitucional expuso:  

El legislador establece unas determinadas condiciones indispensables para que pueda aplicarse el subrogado. Este, que constituye un derecho del condenado si las condiciones se cumplen, deja de ser posible jurídicamente cuando acontece lo contrario. 

No se puede pretender, entonces, que se deje de ejecutar la sentencia si alguna o algunas de las condiciones fijadas por la ley se dan por fallidas. Tal es precisamente la naturaleza y el sentido de toda condición, entendida como hecho futuro e incierto del cual pende el nacimiento o la extinción de un derecho o de una obligación. En esta materia el hecho futuro e incierto a cuya realización está sujeta la inejecución de la pena -derecho subjetivo que sólo entonces nace- está constituido por el pleno cumplimiento de lo que ha exigido la ley al condenado. 

De allí que, a tenor del artículo 69 del Código Penal, al otorgar la condena de ejecución condicional, se faculte al juez para exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad que considere convenientes y se le ordene imponer al condenado las obligaciones de informar todo cambio de residencia; ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos; "reparar los daños ocasionados por el delito" (subraya la Corte), salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo; abstenerse de consumir bebidas alcohólicas; someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas o ante el consejo de patronato o institución que haga sus veces y observar buena conducta, obligaciones todas estas que deben garantizarse mediante caución. 

Por lo dicho, a la figura de la condena de ejecución condicional es inherente la posibilidad de revocación, contemplada en el artículo 70 del Código mencionado: "Si durante el período de prueba el condenado cometiere un nuevo delito o violare cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada". 

Las condiciones, como se ve, son esenciales a la institución y la ley puede imponerlas en cuanto el origen de la misma es legal. Aquellas son válidas mientras no contraríen disposiciones o principios constitucionales. 

Los tratados internacionales de derechos han declarado expresamente que los acusados por delitos y los condenados pueden obtener su libertad bajo las condiciones y garantías que les exija el Estado.[…] 

LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL DELITO.

 Una de las obligaciones impuestas al condenado por el artículo 69 del Código Penal para que pueda tener aplicación la condena de ejecución condicional es precisamente, como atrás se subraya, la que luego desarrollan los preceptos parcialmente acusados: la de reparar los daños ocasionados por el delito.

La ley no ha hecho cosa distinta de plasmar un postulado general del Derecho, derivado del más elemental sentido de justicia: todo el que causa un daño está obligado a su reparación. 

De tal principio no puede estar excluido aquel que incurre en la comisión de un hecho punible. Del delito nace la obligación de resarcir los perjuicios que con él se han generado. 

La condición de que se trata en este proceso no es inconstitucional, pues no implica -como lo asegura el demandante- la exigencia de pagar una deuda civil bajo el apremio de una pena privativa de la libertad sino el requerimiento a quien es beneficiado con una eventual inejecución de la pena para que atienda, de todas maneras, la obligación de reparar el daño causado con el delito.

Esta, como la pena, tiene por fuente el hecho punible, pero no se confunde con la pena y, por tanto, no desaparece por la sola circunstancia de que dicha pena pueda dejar de aplicarse.

Más todavía: el subrogado penal es una excepción a la regla general de que la pena sea cumplida en todo su rigor; tal cumplimiento tampoco libera al condenado de la obligación que, por razón del delito, ha contraído con los perjudicados.  […]

Lo que en realidad ocurre es que, ante el incumplimiento de la obligación de indemnizar el daño causado, falla la condición en cuya virtud se podía, según la ley, suspender la ejecución de la pena o prescindir de ella y, por tanto, queda en pleno vigor la condena, tal como si no se hubiera adoptado la decisión de otorgar el beneficio. Esto acontece cuando se incumple la obligación de indemnizar, como cuando se desatiende cualquiera otra de las que la ley impone.

En consonancia con esas razones, en la sentencia C-006 de 2003, la Corte Constitucional clarificó que el deber de indemnizar, en tanto condicionante de la permanencia de la suspensión de la ejecución de la pena, no implica la imposición de una doble sanción resarcitoria.

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En el marco de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el juez (de conocimiento o de ejecución de penas, según sea el caso) simplemente impone al sentenciado la obligación de prestar caución para garantizar su cumplimiento de las obligaciones condicionantes del subrogado, dentro del término que fije para ello.

Corte Suprema de Justicia. SP 216-2023, radicado 56584. M. P. Myriam Ávila Roldán.




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