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El reconocimiento de víctima y sus facultades en el proceso penal. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

El reconocimiento de víctima y sus facultades en el proceso penal.

Por definición legal (Artículo 132 de la Ley 906 de 2004), víctima es toda persona natural o jurídica que, individual o colectivamente, ha sufrido algún daño como consecuencia del injusto. Este menoscabo, de acuerdo con la doctrina de la Sala Penal de la Corte Suprema, debe ser real, concreto y especifico, aunque no necesariamente de orden monetario. Al respecto, ha dicho:

«…dentro del marco de la Ley 906 de 2004, quien aspire a que se le reconozca su calidad de víctima como lo precisa el artículo 340 de dicha codificación procesal penal, no le resulta suficiente que manifieste la causación de un daño genérico o eventual; es menester que señale el daño real y concreto inferido con el presunto delito, así se persigan meramente los objetivos de justicia y verdad y se prescinda de la reparación pecuniaria» (CSJ AP dic. 12 de 2012, rad. 39.815 y AP218-2021, rad. 57971).

Su reconocimiento procede, como lo tiene establecido el art. 340 de la Ley 906 de 2004, a partir de la audiencia de formulación de acusación, no obstante que su participación directa o mediante apoderado se encuentra garantizada aun desde la indagación, conforme lo reconoció la Corte Constitucional en la C-516 de 2007, cuando revisó la exequibilidad de la norma, en el entendido, claro está, que esta oportunidad no es preclusiva ni extintiva del derecho, en cuanto su reconocimiento puede darse incluso con posterioridad a la sentencia condenatoria, para promover el incidente de reparación integral

La intervención de la víctima dentro del proceso penal puede estar motivada por su interés en la verdad, la justicia y la reparación, sin que la pretensión ajena al ámbito exclusivamente patrimonial torne ilegítima su condición de interviniente especial o imposibilite su injerencia en el trámite, siempre que subsistan los dos o uno u otro de los restantes intereses y demuestre el daño concreto respecto de ellos, que justifiquen su presencia dentro de la actuación penal.

En síntesis, para acceder al reconocimiento como víctima dentro del proceso penal, no basta con pregonar un daño genérico o potencial; además, es preciso señalar el daño real y concreto causado con el delito, así se persigan exclusivamente los objetivos de justicia y verdad y se prescinda de la reparación pecuniaria.

Ello, por cuanto, no cualquier persona puede ser reconocida como víctima dentro de la actuación penal, solo quien ha sufrido un daño está legitimado para intervenir en tal condición, situación que debe valorarse en cada caso concreto, sin que sea viable el reconocimiento para quien alegue el interés en que se establezca la verdad y se haga justicia aduciendo que el delito afecta a todos los integrantes de la sociedad

Lo anterior no significa que el daño real deba ser necesariamente de contenido patrimonial, pues el único presupuesto procesal indispensable para intervenir en el proceso, consiste en la acreditación del daño concreto, cuyo interés también depende, entre otros criterios,

[D]el bien jurídico protegido por la norma que tipificó la conducta, de su lesión por el hecho punible y del daño sufrido por la persona o personas afectadas por la conducta prohibida, y no solamente de la existencia de un perjuicio patrimonial cuantificable. (Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002).

No obstante, siendo los intereses de verdad y justicia, adicionales al de la reparación pecuniaria, en aquellos delitos en los que la víctima no pretenda este último, o incluso en los punibles contra el patrimonio público, es necesario que quien alega tener derecho a la verdad argumente la razón de su pretensión de ser reconocida como tal, pues no es suficiente que cualquier persona aduzca tenerlo.

Así lo consideró la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:

No significa que cualquier persona que alegue que tiene un interés en que se establezca la verdad y se haga justicia pueda constituirse en parte civil -aduciendo que el delito afecta a todos los miembros de la sociedad- ni que la ampliación de las posibilidades de participación a actores civiles interesados sólo en la verdad o en la justicia pueda llegar a transformar el proceso penal en un instrumento de retaliación contra el procesado. Se requiere que haya un daño real, no necesariamente de contenido patrimonial concreto y específico, que legitime la participación de la víctima (…) el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. (CSJ AP14, Rad. 39293).

Por otra parte, en lo que atañe a las protestas enfiladas a censurar la acreditación del perjuicio de la víctima observa el Tribunal que, con base en la jurisprudencia especializada, no es obligatorio que la víctima para probar su condición aporte elementos cognoscitivos que así lo demuestren, cuando conforme a los hechos expuestos en la acusación, es posible extraer la ocurrencia de un daño o perjuicio (CSJ AEP de 19 de febrero de 2021, rad: 0027).

Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá. M. P. Ramiro Riaño Riaño. Radicación: 11001600005020180652001.


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