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Violencia intrafamiliar agravada por la condición de mujer de la víctima. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Violencia intrafamiliar agravada por la condición de mujer de la víctima.

En lo tocante a la agravante derivada de la condición de mujer de la víctima, se reiterará la postura sostenida por la Sala mayoritaria en las sentencias CSJ SP, 1 oct. 2019, Rad. 52394; CSJ SP, 19 feb. 2020, Rad. 53037, CSJ SP, 23 jun. 2021, Rad. 55379 y CSJ SP, 23 mar. 2022, Rad. 60781, por los motivos que se pasan a exponer.

¿Tiene alguna inquietud acerca del delito de Violencia Interfamiliar? En Buelvas y Melo Abogados le podemos ayudar presionando aquí.

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De conformidad con el artículo 229 de la Ley 599 de 2000 vigente para cuando ocurrieron los hechos (25 sep. 2015), es decir, sin la modificación de la Ley 1959 de 2019, el delito de violencia intrafamiliar se define en los siguientes términos:

“El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años, o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad”.

La Sala mayoritaria ha señalado que la agravación punitiva prevista en el inciso 2º del artículo 229 de la Ley 599 de 2000, por recaer la conducta de violencia intrafamiliar sobre una mujer, no opera de manera automática con la simple constatación del género de la víctima. Para ello, es necesario demostrar que la agresión tuvo lugar en el marco de una pauta cultural de sometimiento, bajo el entendido que es esta circunstancia la que reivindica el derecho de protección a la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación contra las mujeres por su género (CSJ SP, 1 oct. 2019 rad. 52394, CSJ SP, 19 feb. 2020 rad. 53037 y CSJ SP047-2021).

Corresponde a la Fiscalía, por tanto, acreditar probatoriamente dicho contexto, pues la viabilidad de la mayor sanción solo resulta procedente si se está en presencia de un caso de violencia de género, por cuanto «el abordaje de los casos penales con perspectiva de género no implica el desmonte de las garantías debidas al procesado y la imposición automática de condenas, pues ello daría lugar a la contradicción inaceptable de ‘proteger’ los derechos humanos a través de la violación de los mismos, lo que socavaría las bases de la democracia y despojaría de legitimidad la actuación estatal» (CSJ SP, 1 oct. 2019 rad. 52394).

Por tal motivo, en cada caso el Estado debe constatar las circunstancias bajo las cuales se produjo la agresión, las razones de la misma y, en general, todo lo necesario para establecer si la conducta reproduce un patrón de discriminación y maltrato en razón del género. También se indicó que la mayor sanción se justifica si la conducta del sujeto activo reproduce el escenario de violencia que se pretende abolir. Entonces, no se requiere demostrar que se trata de una conducta sistemática. Basta con probar que, aunque se trate de un hecho aislado, estuvo determinado por circunstancias culturales de sumisión y poder hegemónicamente masculino, como cuando se pretende ejercer sobre la mujer una función correctiva o reformatoria, o porque el agresor la considera un objeto de su propiedad.

La verificación del contexto es importante para esclarecer dos temas fundamentales dentro del programa de investigación:

i) el motivo por el cual se realizó la conducta; y
ii) las circunstancias que la rodearon, todo ello en orden a constatar la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes circunstanciados.

El caso en concreto.

La comprobación de la agravante se encuentra cimentada en la situación de desempleo del procesado y la mayor carga económica que esta situación imponía a la afectada. Estos supuestos carecen de la fuerza persuasiva necesaria para intensificar la sanción prevista por la condición de género de la agredida, al tiempo que trasgreden el principio de razón suficiente, pues el aparente desequilibrio en las responsabilidades económicas, por sí solo, no alcanza la aptitud demostrativa que exige la intensificación punitiva prevista en el inciso 2º del artículo 229 de la Ley 599 de 2000. Corte Suprema de Justicia. SP103-2023(62359). M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa.

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