Criminalidad Organizada en el Contexto Jurídico Colombiano – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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Su Defensa Legal en Casos de Criminalidad Organizada en Colombia.

En el ámbito legal colombiano, la criminalidad organizada abarca una serie de delitos que se ejecutan bajo esquemas altamente sofisticados, afectando principalmente la seguridad y la salud públicas del Estado. Entre los delitos que se categorizan como criminalidad organizada se encuentran:

  • Concierto para Delinquir: Descrito en el artículo 340 del Código Penal, este delito implica la asociación de varias personas con el propósito de cometer delitos indeterminados. La pena varía según la gravedad de los delitos planeados.
  • Tráfico, Uso o Porte de Estupefacientes: La fabricación, tráfico, porte o uso de sustancias estupefacientes conlleva sanciones severas, escalonadas según la cantidad y tipo de droga involucrada.
  • Porte de Armas de Fuego: El artículo 365 del Código Penal regula la tenencia, comercio, fabricación y otras conductas relacionadas con armas de fuego. Es fundamental contar con el permiso de la autoridad competente para evitar consecuencias legales.

El Delito de Concierto Para Delinquir.

El concierto para delinquir encuentra descripción típica en el artículo 340 del Código Penal, modificado por los artículos 8o de la Ley 733 de 2002 y 19 de la Ley 1121 de 2006, en los siguientes términos:

“Cuando varias personas se concierten para cometer delitos, cada una de ellas será penada con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses”. (Modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 y hoy por el artículo 5o de la Ley 1908 de 2018)

Modificado por la Ley 1121 de 2006, art. 1922, en los siguientes términos:

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. (...).

Respecto a su estructura se configura cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer delitos indeterminados ya sean homogéneos, como cuando se planea la comisión de una misma especie de punibles (verbigracia, homicidios, secuestros, tráficos de influencias, prevaricatos, cohechos, tráfico de estupefacientes, hurtos, etc.), o bien heterogéneos (cuando tiene por finalidad ejecutar cualquier gama de delitos, sin importar su naturaleza, caso en el cual se acuerda la realización de ilícitos que lesionan diversos bienes jurídicos), sin que interese el número de delitos cometidos. (Cfr. CSJ, SP, 22 julio 2009, rad. 27852; criterio reiterado en CSJ SP364-2018, rad. 51142.)

El acuerdo de voluntades puede tener corta duración, pero es necesario que el propósito de cometer delitos indeterminados tenga vocación de permanencia, es decir, que se proyecte en el tiempo. La conducta punible se inicia cuando se consolida el referido convenio para cometer delitos indeterminados y se prolonga en el tiempo hasta cuando tal propósito, bien sea por decisión de los concertados o porque la organización es desmantelada por las autoridades o por cualquier otra causa. (Cfr. CSJ. SP 25 septiembre 2013, rad. 40545).

Es un delito que se consuma con independencia de la realización efectiva de los comportamientos pactados, de modo que si éstos se cometen concursan materialmente con el concierto para delinquir, lo que demuestra su carácter autónomo, pues subsiste sin importar que los delitos convenidos se cometan o no (Cfr. CSJ, SP 25 septiembre 2013).

Para su configuración se requiere que el agente -que puede ser cualquier persona, pues la ley no exige alguna cualificación especial-, haya pertenecido o formado parte de la empresa criminal (Cfr. En cuanto el concepto de empresa supone una unidad económico-social de personas, bienes materiales y técnicos y recursos financieros, con ocasión de la cual varios individuos se reúnen con el fin de perdurar y consolidare mediante el desarrollo de actividades colectivas de carácter ilícito, para obtener beneficios de la misma naturaleza. Al respecto CSJ SP, 25 septiembre 2013, rad. 40545.) sin importar cuándo se produjo su adhesión a la misma, esto es, si al momento de su creación o con posterioridad; tampoco interesan los roles desempeñados por sus integrantes, ni el conocimiento entre sí de todos sus miembros.

El acuerdo de voluntades o la vinculación, según el caso, puede darse de manera previa a la realización de los delitos cometidos, concomitante o incluso posterior a la realización de algunos de ellos, caso en el cual se responderá por el concierto por su vocación de permanencia en el propósito futuro de cometer otros delitos, sin que haya lugar a concurso material con las conductas realizadas con anterioridad por otros integrantes de pandilla delincuencial.

Es relevante que la finalidad trascienda el simple acuerdo para la comisión de uno o varios delitos específicos y determinados, dado que se trata de una organización (“societas sceleris”-sociedad para el crimen-)( CC C-334-2013, criterio acogido por CSJ SP, 25 septiembre 2013, rad. 40545.).

En efecto, la criminalidad organizada funciona a la manera de una empresa, requiriéndose de un engranaje del cual derivan reglas de conducta y procedimientos internos, canales de comunicación e información especial, división de trabajo, definición de roles, órbitas de responsabilidad, controles de desempeño, esquema jerárquico y especialización y profesionalización de los concertados, entre otros.

A la luz del desarrollo jurisprudencial, los elementos del concierto para delinquir son:

(...) en primer lugar un acuerdo de voluntades entre varias personas; segundo, una organización que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados (De acuerdo con la Corte Constitucional, “la indeterminación de los delitos que se cometerán como resultado del concurso para delinquir, no significa que esta conducta se desvirtúe como hecho punible si la organización criminal opta por especializarse en un tipo determinado de delitos”. Cfr. C-241-1997), aunque pueden ser determinables en su especie; tercero, la vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada; y cuarto, que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública. (CSJ SP, 15 julio 2008, rad. 28362).

Lea mas acerca de la Configuración del Concierto para Delinquir. en nuestro blog, haciendo click aquí. 

El Delito de Fabricación, Tráfico o Porte de Estupefacientes.

“El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las sanciones previstas en este artículo, no aplicarán para el uso médico y científico del cannabis siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Justicia y del Derecho, según sus competencias.”

De acuerdo con lo anterior, el legislador consagró de manera alternativa las posibles modalidades de comportamiento que podría desarrollar el sujeto activo, las cuales son:

  • Introduzca,
  • Saque,
  • Transporte,
  • Lleve consigo,
  • Almacene,
  • Conserve,
  • Elabore,
  • Venda,
  • Ofrezca,
  • Adquiera,
  • Financie; y
  • Suministre,

Lo cual implica que con la sola selección de uno de ellos se podría predicar ejecutado o consumado el comportamiento jurídico penalmente desaprobado.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Sala (CSJ SP, 23 jun. 2010, Rad. 31352) ha precisado lo siguiente:

“[…] la conducta descrita en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986 […] se trata de un delito de conducta alternativa que está integrado por varios verbos rectores, donde cada uno configura una conducta autónoma e independiente. Al iniciarse la acción en cualquiera de las modalidades previstas, ya se está consumando el delito. La norma no demanda la presencia de un dolo específico, pues basta con la voluntad de cumplir el acto que por sí solo se conoce contrario a la ley” (Sentencia de 18 de diciembre de 2000, radicación 12713). “[…] los actos de introducir al país, sacar de él, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o suministrar a cualquier título droga que produzca dependencia, comportan la realización de delito autónomo así se trate de actuaciones concatenadas y progresivas hacia un fin determinado, se constituyan pasos previos para ejecutar el siguiente, o se ejecuten de manera individual o como parte de la distribución de tareas en una empresa criminal” Sentencia de 9 de mayo de 2002, radicación 14934.

Lea mas acerca de el Porte de Estupefacientes en nuestro blog, haciendo CLICK AQUI

El Delito De Porte De Armas De Fuego.

Tratándose de armas de fuego, catalogadas de defensa personal, el artículo 365 del Código Penal reprime su tenencia, comercio, fabricación, entre otras conductas; además, contiene el elemento objetivo relacionado con el “permiso de autoridad competente”.

Por consiguiente, a la Fiscalía le compete acreditar no sólo el tipo de arma, sino la ausencia de salvoconducto para su uso, porte o tenencia por parte del sujeto activo de la conducta.

Ello, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 7º de la Ley 906 de 2004, en desarrollo del artículo 29 (debido proceso) de la Constitución Política, según los cuales “(…) corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal”; y, “En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria”.

La Corte ha insistido en que la carencia de dicha autorización debe sustentarse probatoriamente, esto es, no basta la simple afirmación de la posesión de tal elemento o la conjetura al respecto. Así, se enfatizó en que para la adecuación típica de tal ilícito no es dable presumir o acudir argumentativamente a las reglas de la experiencia, sino que es menester que el ente investigador soporte con medios probatorios el aludido ingrediente normativo (CSJ SP, 2 nov. 2011, rad. 36544 y CSJ SP, 25 abr. 2012, rad. 38542.)

(…) para demostrar en un asunto concreto la falta de autorización legal para comerciar, distribuir, llevar consigo, etc., un arma de fuego, deberá introducirse al juicio oral prueba (o, por lo menos, una estipulación de las partes en ese sentido) de la cual pueda colegirse, de manera razonable, que el comportamiento descrito en la ley no estaba amparado por el orden jurídico.

Ello, claro está, sin perjuicio de la aplicación del principio de libertad probatoria (artículo 373 de la Ley 906 de 2004 [artículo 237 de la Ley 600 de 2000]) […].

Sin embargo, si no se parte de una circunstancia o fundamento fáctico claro para decidir acerca de la configuración de tal ingrediente típico, es incuestionable que su existencia tampoco podrá presumirse, ni siquiera argumentativamente, pues de ser así se estaría ignorando la norma según la cual ‘corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad’, tal como lo prevé el inciso 2º del artículo 7 del Código Procesal Penal [inciso 2º del artículo 234 de la Ley 600 de 2000]. En este orden de ideas, […] si un funcionario propone una máxima empírica sin contar con material probatorio del cual haya podido derivar el enunciado fáctico objeto de demostración, conculcará la presunción de inocencia si por esa vía declara demostrada una circunstancia relevante para la configuración del tipo objetivo.

No obstante, según el principio de libertad probatoria que rige el sistema procesal penal vigente, esta Corporación ha clarificado que exigir la aducción al juicio oral del documento público que constate la ausencia de permiso para su tenencia o porte sería tarifar la prueba, afectándose así el sistema de la persuasión racional.

De este modo, lo relevante es que medie un elemento de convicción del cual pueda predicarse una circunstancia o fundamento fáctico claro para acreditar el aludido ingrediente típico; como puede ser, el testimonio del experto acerca del dictamen hecho al arma que evidencia su fabricación artesanal (CSJ SP, 2 nov. 2011, rad. 36544), o como cuando con base en el estudio balístico que prueba la idoneidad del arma se establece la adulteración del número serial del artefacto (CSJ SP, 11 feb 2015, rad. 44364), o piénsese, también, cuando el procesado admite que el arma no está amparada.

El solo el hecho de haberse acreditado que el procesado atentó contra la vida de la víctima con un arma de fuego de defensa personal no permite deducir, de forma razonable, que no estaba amparada legalmente. Este evento, no es una norma o patrón de comportamiento con rasgos de universalidad, generalidad o de elevada probabilidad en un determinado contexto social o cultural, ya que, también se puede cometer homicidios con armas que cuentan con salvoconducto. Así las cosas, para la conducta punible de porte ilegal de armas, es necesario no sólo demostrar objetivamente el elemento bélico, sino que, quien lo usó o portó no tenía facultad legal para ello; carga que le corresponde al órgano de persecución penal, pues el procesado no tiene que demostrar su inocencia, como lo exigieron las instancias.

Para leer mas acerca del Porte de Armas, lea nuestro blog haciendo CLICK AQUI

En conclusión, entender estos delitos de crimen organizado es crucial, ya que sus implicaciones son significativas. La legislación colombiana busca prevenir y castigar eficazmente estas conductas para preservar la seguridad y la salud públicas. Si te enfrentas a acusaciones relacionadas con estos delitos, es fundamental buscar asesoría legal especializada para comprender mejor tu situación. Comunícate ya con nuestra oficina. Estamos disponibles via telefónica. Llámenos al 300-373-5800 o 314-442-9036 o mándanos un mensaje a traves de nuestra pagina de contacto en www.colombiaabogados.com.